Pelayo reprocha al PSOE que tiene que responder personalmente por su gestión

La alcaldesa ha calificado de «lamentable» que el PSOE ponga en entredicho los resultados de la auditoría externa realizada en el Ayuntamiento de Jerez y cuyos primeros resultados pudieron conocerse la semana pasada. Según la primera edil, la actitud de los socialistas se basa en «hacer malabares, encajes de bolillos, para intentar no asumir las responsabilidades de la situación económica del Consistorio». La primera edil recordó que la auditoría externa fue contratada por concurso público y aprobada por el pleno municipal «incluso con el apoyo del PSOE».

García-Pelayo arremetió contra las declaraciones de los socialistas sobre el incremento de personal en el Ayuntamiento de Jerez entre los años 2006 y 2010. Según el PSOE el crecimiento fue del 14,8% mientras que la auditoría refleja un 60%. La alcaldesa argumentó que es ella, personalmente, la que va a adquirir el compromiso de pago de deudas del gobierno anterior ante los tribunales. «Ha llegado un nuevo bloque de sentencias condenatorias de reclamaciones de pagos a empresas y soy yo, no como alcaldesa sino como María José García-Pelayo, la que tengo que asumir el compromiso así que no me vengan a dar lecciones de nada», dijo.

Explicó que la legislación ha cambiado en este sentido y que son los alcaldes los que figuran como responsables. Por eso, «le pido al PSOE que tenga un poco de respeto, de prudencia, que dejen de decir mentiras y de intentar tapar sus responsabilidades porque las estoy padeciendo yo en mis propias carnes. Que no vengan a contarme cuentos». Los requerimientos que el Juzgado dirige a la Alcaldesa lo son en virtud de lo establecido en el artículo 112 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, según el cual, transcurridos los plazos para el total cumplimiento de los fallos de las sentencias, el juez o tribunal podrán adoptar las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado. Y podrán imponer multas coercitivas de entre 150 y 1.500 euros a las autoridades o funcionarios que incumplan los requerimientos, además de reiterar las multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, y sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales.

Esta responsabilidad personal que se deriva de la gestión pública es uno de los motivos por los que el equipo de gobierno esté estudiando la posibilidad de denunciar a los socialistas por administración negligente e incluso pedir responsabilidades penales por ello, como anunciaron la pasada semana. De hecho, el PP ha llevado ya a la Fiscalía los presuntos desvíos de Tesorería que afectan a obras con cargo al Plan E.

Actualmente, el Ayuntamiento paga 264.000 euros al mes en ejecuciones de sentencias condenatorias y próximamente llegará otro bloque de fallos. El juzgado se está dirigiendo personalmente a la primera edil para que ordene el pago de de contratistas y proveedores acreedores con la advertencia de las responsabilidades penales antes mencionadas.