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El consejero de Gobernación, Francisco Menacho, y la consejera Mar Moreno, ayer en el Parlamento. : : EFE
ANDALUCÍA

La Junta envía a la jueza informes sobre el dinero de los ERE que exculparían a Griñán

Argumenta que la autorización de partidas presupuestarias no implica que se sepa que vayan a ser utilizadas con fines ilícitos

SEVILLA.Actualizado:

El Gobierno andaluz remitió ayer a la jueza instructora del 'caso de los ERE' (expedientes de regulación de empleo) informes con los que pretende demostrar que Griñán «no tuvo nada que ver» con el fraude en las prejubilaciones y ayudas a empresas con cargo a la partida 31L de los presupuestos autonómicos de casi una década, según informó la portavoz Mar Moreno. La documentación, entregada por los servicios jurídicos de la Junta, alude a la petición que hizo el pasado día 3 en un auto la magistrada Mercedes Alaya sobre las autorizaciones de la Consejería de Economía y Hacienda desde 2005 -cuando Griñán era su titular- para ampliar los fondos de dicha partida derivados a la agencia pública IFA, luego IDEA, encargada de pagar las ayudas a empresas y las prejubilaciones.

La jueza trasladaba en dicho auto la petición en una diligencia del PP, que como acusación particular denuncia que el titular de Hacienda tuvo que autorizar estas ampliaciones presupuestarias y tener conocimiento de las ayudas.

Mar Moreno especificó que la documentación enviada al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla consiste en la copia de las 13 modificaciones presupuestarias que aprobó el Consejo de Gobierno sobre el traspaso de fondos a la Agencia IDEA con cargo a la Consejería de Empleo reclamadas por la jueza. Las modificaciones llevan adjuntos sus 13 informes favorables de la Intervención General de Hacienda. Además, la Junta adjunta un escrito técnico de la propia Intervención General de Hacienda y otro de la Dirección General de Presupuestos.

Estos informes aclaran, según la Junta, que lo que autoriza Hacienda son créditos para un programa presupuestario y no una ayuda o subvención concreta, que no tenía porqué especificarse en las actas. Lo que deja claro que el titular de Hacienda no tiene por qué saber el destino final de un dinero que además valida con el placet de la Intervención.

Para la consejera de Presidencia, los informes técnicos dejan a las claras otra «trampa procesal del PP andaluz para implicar al presidente» en el caso de los ERE y demuestran «que no hay relación alguna de Griñán con la gestión de los ERE».

La consejera abundó en que no se puede «confundir la generación de recursos presupuestarios con la gestión del gasto presupuestario». El consejero de Economía es el que eleva al Consejo de Gobierno todas las modificaciones presupuestarias de la Junta previo informe favorable de la Intervención General. Moreno precisó que eso no tiene nada que ver con el uso que los órganos gestores del gasto realizan de esos recursos presupuestarios.

«Ni el Parlamento ni el Consejo de Gobierno al aprobar el presupuesto o sus modificaciones pueden prever de ninguna manera que las partidas iniciales o modificadas puedan ser gastadas con fines presuntamente no lícitos, empleando procedimientos de gasto lícitos pero no previstos presuntamente para la finalidad concreta», dice el escrito de los servicios jurídicos, que Moreno leyó en rueda de prensa. La consejera entiende que por esta regla de tres por la que el PP «intenta implicar a Griñán», se podría llevar a «la absurda situación» de considerar responsables del delito a todo el Parlamento, que es el que aprueba un presupuesto con detalle de lo que es la 31L y a qué se dirige esa partida.

La Junta presentó un recurso de aclaración al auto de la jueza, pero dado que en este se le da un plazo de diez días hábiles, el ejecutivo socialista ha decidido remitir la documentación al cumplirse el límite de días sin esperar la respuesta.

Reacción del PP

Griñán acusó al PP la pasada semana en el Parlamento de «manipular» y «engañar» a la jueza por ello. La sala de gobierno del TSJA ha emitido un comunicado en el que reprende a los políticos que duden de la imparcialidad de la magistrada e insta a los mismos a manifestar sus quejas a la jueza por vía judicial.

La portavoz del PP, Esperanza Oña, entiende que el hecho de reconocer 13 modificaciones presupuestarias de la partida 31L hace que el presidente de la Junta sea hoy «más culpable, más sospechoso y más responsable que ayer» en el caso de los ERE. «Moreno ha acusado de una manera muy clara a Griñán al pretender defender lo imposible», aseveró Oña sin entrar a analizar la explicación de los informes.