Cádiz es la segunda provincia con más conflictividad laboral de Andalucía

La congelación salarial que incumple la subida pactada. O los retrasos en el pago de las nóminas porque tal o cual ayuntamiento no tiene liquidez para abonar a la empresa adjudicataria. También es habitual la falta de entendimiento en la negociación colectiva, a veces ni siquiera la voluntad para sentarse a discutir. Todos ellos son algunos de los motivos que van al Sercla, el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía. En lo que va de año se han planteado ya 174 casos en la provincia, la segunda con mayor conflictividad de Andalucía, solo superada por Málaga, con sus casi 200.

Más de la mitad de ellos sobre cuestiones relacionadas con los convenios colectivos, según los datos aportados ayer por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL). Y en lo que respecta a Cádiz, parece que el próximo año vendrá más calentito con la perspectiva de una nueva reforma laboral en ciernes y la restricción de crédito que mantiene ahogadas a las empresas.

En el último pleno del año del CARL que se celebró ayer en Sevilla, la presidenta Mercedes Rodríguez-Piñero, cifró en 923 expedientes de conflictos colectivos, si bien, «cerca del 25% fueron tramitaciones no efectivas».

Hasta el mes pasado, el Sercla ha evitado un total de 133 huelgas y la pérdida de más de 37 millones de euros. La mayoría de los conflictos, un 59 %, fueron tramitados como procedimiento previo a la vía judicial, mientras que el otro gran grupo, un 33%, fueron previos a la convocatoria de huelga.

Las cifras de la provincia quedan muy lejos de las que se registraban en los años setenta y ochenta, cuando Cádiz no era solo un punto caliente de España, sino que su fama era conocida en toda Europa. El presidente de la Confederación de Empresarios, Miguel González Saucedo, señaló que «la conflictividad laboral siempre es uno de los aspectos negativos para los posibles inversores». Sin embargo, dejó claro que «aunque la provincia esté entre las primeras, sus cifras, son parecidas al resto de los territorios».

También recordó que en el pasado se perdieron grandes oportunidades por conflictos abiertos, especialmente relacionados con el sector del metal. «Los inversores miran primero la ubicación, el precio del suelo industrial, las infraestructuras y las horas perdidas por protestas y huelgas.

Según explicó, «en estos últimos años ese aspecto se ha normalizado, se resuelven muchos conflictos antes de llegar a ese punto», pero no ocultó su temor porque la situación se tense a partir del próximo año. «Si las empresas continúan con el grifo de la financiación cerrado, será difícil tirar con los mismos costes y sin capacidad para producir».

Y de cara a lo que pudiera venir, dejó claro que «hay que respetar el derecho a huelga, pero también el derecho a trabajar», en alusión a lo persuasivos que pueden llegar a ser los piquetes informativos.

Negociación colectiva

Respecto a la motivación para acudir al Sercla, la mayoría de los conflictos fueron provocados por la negociación o la interpretación y aplicación de un convenio colectivo, destacando los casos que se debieron a impagos de salarios. En cifras globales, se han llegado a firmar 316 acuerdos, de los que 133 permitieron desconvocar las huelgas. Ejemplos de ellos en la provincia fueron las negociaciones con la empresa de transporte público de Jerez o la adjudicataria de la limpieza en los colegios públicos de la ciudad, Limasa.

También estuvieron al punto de la huelga los trabajadores de Sufi Cointer, que se encargan del servicio de recogida de basura en Cádiz. Y Eulen, responsable de los pabellones deportivos, que mantuvieron paralizados los servicios durante tres días.

Según los datos de la CEOE, las horas perdidas por huelga descendieron un 61% en octubre, especialmente en la provincia, donde apenas se registraron cinco parones. En general, los sectores o ramas de actividad económica más afectados por las huelgas fueron el metal, transportes y comunicaciones, industrias químicas, educación y actividades sanitarias. Además, de las 116 protestas iniciadas en octubre en toda España, 24 afectaron a empresas o servicios públicos.