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La crisis pesquera deja en la quiebra a 500 familias

Los afectados directos llegan al millar y España pide 30 millones para compensar los daños ocasionados

Barbate Actualizado: Guardar
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La decisión del Parlamento Europeo de suspender la prórroga del acuerdo pesquero con Marruecos que permitía faenar a más de una treintena de embarcaciones de Barbate, Conil o Tarifa en aguas alauitas, llevará consigo de forma casi inmediata la ruina para pescadores, patrones y armadores, y el paro en su actividad de numerosas empresas, autónomos e industrias auxiliares del sector pesquero gaditano. El acuerdo tenía vigencia hasta el 27 de febrero de 2012, aunque se esperaba otra renovación de un acuerdo que reportaba 36 millones de euros al reino aluita y suponía la supervivencia para 500 pescadores barbateños, más otro medio millar de familias relacionadas con las empresas auxiliares. El acuerdo ofrecía 119 licencias para la flota comunitaria, un centenar para la flota española, que en la práctica estaba utilizando cerca de 70 permisos (43 andaluces y 26 canarios).

Pero el mayor daño ocasionado por esta decisión política lo sufre, de nuevo, el municipio barbateño. Durante todo el día de ayer en su puerto pesquero no se habló de otra cosa. La ruina vuelve a amenazar a una población de apenas 23.000 habitantes y un 40% de desempleo que no hace mucho fue una potencia pesquera a nivel nacional.

Los pescadores barbateños mascaban desde primera hora de ayer la mala noticia. Con las primeras luces del alba atracaban las embarcaciones que se encontraban faenando en Marruecos, y que fueron obligadas a marcharse del caladero «con lo puesto». Fuentes comunitarias en Rabat aseguraron que 51 barcos españoles se retiraron ayer del caladero «sin incidentes».

El caladero marroquí llevaba cinco años siendo utilizado por las redes de barcos españoles. Con un centenar de licencias, España es el país que más barcos enviaba a la zona de Larache. Ubicada a 60 millas de la costa gaditana, de allí procedían boquerones o sardinas entre otras especies de capturas. Los pesqueros de Barbate faenaban a diario allí, y afrontaban un coste semanal de mantenimiento del barco que supera los 5.000 euros en víveres, seguros sociales de los tripulantes y combustible, que ayer se pagaba a 70 céntimos de euro en el surtidor del recinto portuario.

Todos los barcos pescaban «al fresco», es decir, realizaban el viaje de ida y vuelta en el día, siempre y cuando no hubiese mala mar. «Solo el riesgo de cruzar el Estrecho con levante o temporal ya no merece la pena por lo que ganamos», explican algunos marineros. Y es que el salario medio de los profesionales de la pesca, que se les paga por semana, oscila entre los 150 y los 400 euros.

Pero una decisión tomada a miles de kilómetros de distancia, que buscaba afectar a la línea de flotación económica del gobierno marroquí, ha acabado de un plumazo con las pocas esperanzas que les quedaban de tener un salario. Desde la patronal de pesca y los colectivos provinciales y autonómicos no se da crédito a lo ocurrido. El Patrón Mayor de los pescadores de Barbate, Domingo Pacheco, explica que la decisión europea, controvertida como pocas en los últimos meses y que ha despertado del letargo al monstruo del enfrentamiento España-Marruecos, supondrá «la ruina» para el pueblo. Si la situación no cambia, muchos de los pescadores que tenían contrato y pensaban continuar faenando hasta la llegada del paro biológico en febrero, estarán abocados al paro. «Muchos no sabemos hacer otra cosa. Llevamos en la mar toda la vida», explicaba el patrón del Nuevo Ayacám, Manuel Rossi, uno de los profesionales que deberá buscarse el pan en otra cosa, o bien optar por faenar en el Golfo de Cádiz, una zona saturada de embarcaciones, y con menos potencial pesquero. Además de los 500 pescadores enrolados en estas embarcaciones, el sector genera numerosos puestos de trabajo en empresas e industrias auxiliares. Carpinteros de rivera, mecánicos, buzos, proveedores de motores, venta de nieve (hielo) para la conservación de las capturas, venta del gasoil para los barcos, personal del varadero y un largo etcétera, se verán afectados por esta crisis.

La mayoría de embarcaciones con licencias para pescar en Marruecos ya habían pagado los 5.000 euros de cuota que mensualmente deben abonar al gobierno marroquí.

La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en funciones, Rosa Aguilar reclamó ayer en Bruselas que la Comisión Europea resarza a la flota española de los daños causados por la suspensión del acuerdo, con 30 millones. El Parlamento Europeo alegó que el compromiso era ilegal y no respetaba los derechos de las poblaciones saharauis. La ministra Aguilar ha pedido «cuanto antes» un mandato para negociar un nuevo acuerdo con Marruecos que permita la vuelta de la flota al caladero.