La Junta y el Ayuntamiento se culpan de los impagos a la plantilla de Acasa

Ayer hubo momentos de tensión por un forcejeo con los agentes cuando trataron de usar el baño. :: J. F.

Al final las trabajadoras de Acasa, la concesionaria de la ayuda a domicilio, abandonaron ayer pasadas las 14.30 de la tarde el encierro que mantenían en el Ayuntamiento de Jerez sin que hubiera llegado el dinero para sus nóminas, y por cuestiones tan prosaicas como la «necesidad física» de acudir al cuarto de baño, al que no pudieron acceder desde 24 horas antes.

Ése fue el motivo también de los mayores momentos de tensión vividos ayer por la mañana, cuando los encerrados trataron de acceder al servicio y se produjo un forcejeo con los policías que custodiaban la protesta que provocó ataques de ansiedad entre algunas de las trabajadoras que permanecían en el Ayuntamiento. Una ambulancia tuvo que trasladarse al lugar para atender a esta empleada.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, en la comparecencia que dio ayer apuntó que el gobierno había puesto una denuncia en los juzgados por allanamiento contra las personas que pasaron todo el día del lunes y también la noche en la sala de prensa municipal, y a los se había advertido de que de permanecer allí incurrirían en un delito. Es ése precisamente el motivo que esgrimió ayer el ejecutivo para justificar que no pudieran acceder al servicio, que fue lo que finalmente provocó que la protesta llegara a su fin. «No han estado retenidos, ni secuestrados, ellos sabían que podían salir para ir al baño, pero entonces no podíamos dejarlos volver por una cuestión de seguridad», argumentó la primera edil.

García-Pelayo también aprovechó su primera rueda de prensa de ayer -hubo otra por la tarde, cuando ya se marcharon los encerrados- para insistir en que «la mejor vía posible para buscar soluciones es la del diálogo». «Les hemos pedido que abandonen las instalaciones porque entendemos que hay otros cauces para reclamar sus nóminas», insistían desde el gobierno, al tiempo que recalcaban que «la llave para cobrar no está aquí, sino en la Junta de Andalucía».

Y es que durante todo el día de ayer, además de en la evolución de la protesta, la atención estuvo puesta en el rifirrafe político que mantuvieron las dos instituciones responsables de la financiación de la ayuda a domicilio en Jerez.

El fuego lo abrió la consejera de Bienestar Social, Micaela Navarro, que aseguró en Sevilla que ya había transferido al Ayuntamiento el dinero para la nómina de octubre, y que ha dado orden para las de noviembre y diciembre.

Navarro insistió en que en septiembre pasado hicieron la transferencia para pagar los salarios de octubre, y aseguró que así lo sabe la alcaldesa jerezana. Además, apuntó la posibilidad de que el dinero se estuviera usando para otros pagos al añadir que «no es justo ni moral que ese dinero se destine a otras nóminas» aunque pueda ser «legal».

Y por si quedaban pocas dudas de su postura, también dijo que la relación con la concesionaria la tiene el Ayuntamiento, por lo que si la empresa «funciona o no» es un problema del gobierno local.

La respuesta le llegó a la una de la tarde por boca de la primera edil matizó esa información afirmando que el único retraso achacable al Consistorio es el del salario de octubre, porque «desde el inicio de la legislatura estamos reponiendo los 1,7 millones de euros de estas ayudas que el anterior gobierno había desviado, y aunque ya casi se ha devuelto un millón aún faltan unos 600.000 euros».

Eso sí, la regidora insistió en que el retraso de noviembre es «imputable al cien por cien a la Junta que es la que tiene que ingresar ese dinero», y se esforzó en recalcar que en los seis meses que llevan al frente del gobierno, y por culpa de la regularización que pide la Junta por el desvío de las ayudas, «hemos puesto más del dinero del que teníamos que poner para equilibrar las tarifas del servicio. El esfuerzo que hemos hecho es titánico».

Por todo lo anterior, la alcaldesa reconoció que al menos pasarán unos meses más hasta que la situación se pueda normalizar del todo, y por ese motivo, y también porque como denunció «la Junta se quiere cargar la ayuda a domicilio», instó a la plantilla de Acasa a que acudan juntos a la Consejería de Bienestar Social para buscar soluciones y para tratar de que el gobierno andaluz les dé margen para seguir reponiendo lo desviado.

Horas después, cuando los encerrados ya se habían marchado, García-Pelayo compareció de nuevo con los tenientes de alcalde y la delegada de Bienestar Social para agradecer que «se haya vuelto a la vía del diálogo» e insistir en que había tendido la mano a la plantilla con el ofrecimiento de reunirse ayer mismo por la tarde, sin que hubiera habido respuesta. «Si el problema era tan grave esta mañana creo que debe seguir siéndolo ahora», dijo la regidora, que llamó por teléfono a la presidenta del comité, Encarni Barrios, también para interesarse por el estado de todos.

Respecto al cobro, la popular explicó los vaivenes y contradicciones del gobierno andaluz, ya que «según la consejería con la que hables dicen que pagarán ya o que busquemos que los bancos adelanten el dinero, aunque para eso hace falta una toma de razón». No obstante, y a la espera de que la Junta clarifique plazos «en lo que parece una maniobra para dilatar el tema porque no hay dinero», la alcaldesa dijo que ya trabajan en ambas vías.