CEOE reclama que se pueda despedir a los funcionarios

¿Adiós a la tradicional seguridad del empleo público? La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) apuesta por menos y más baratos funcionarios como receta para intentar salir de la crisis y cumplir con los compromisos de déficit contraidos con Bruselas. Así lo explicaron ayer los máximos dirigentes de la patronal durante la presentación de sendos informes sobre la eficiencia pública y la reforma de las administraciones territoriales.

La conclusión a la que llegan los empresarios es que sobran empleados públicos en un segmento laboral, el de los funcionarios y empleados laborales de las administraciones, en el que urge revisar el coste salarial. El mensaje no puede ser más claro. Según el presidente de CEOE, Juan Rosell, es necesario afrontar las relaciones laborales en el ámbito público de idéntica manera que en el privado.

Esto es, más productividad, más eficiencia y, si vienen mal dadas como es el caso, acudir al despido si antes no funcionan la recualificación o la movilidad geográfica o funcional. Rosell tuvo la 'delicadeza' de matizar que la cola del paro sería siempre la última solución para los funcionarios. A su juicio, hay que romper con el mito de que público y privado son dos universos paralelos, distantes y en muchas ocasiones antagónicos en su funcionamiento.

El patrón de patronos no quiso cuantificar el número de funcionrios que pudieran 'sobrar' en los ministerios por falta de elementos de juicio y repasó las conclusiones de los informes de CEOE. Los trabajos detallan que en los últimos 30 años el empleo público se ha más que duplicado (más del 100% de subida) frente a un alza del 50% en el sector privado.

Desde finales de los 80 y hasta 2010, los ayuntamientos y las autonomías han multiplicado su personal por dos y por cinco, respectivamente. Un repunte, asegura la patronal, que no responde en su totalidad a la carga de trabajo adquirido en virtud de las competencias cedidas por el Estado. Para CEOE, «el abultado crecimiento del gasto de los asalariados del sector público viene condicionado por la creación de organismos, entes, empresas y agencias cuyo incremento de empleo y nivel salarial no viene establecido en los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, resulta más fácil de eludir el control del gasto público».

Ls transferencias ocupan un lugar preferente en el análisis de CEOE, que recuerda que «Sanidad y Educación han sido los dos ámbito competenciales que ya se han traspasado en su totalidad y que concentran el 50% del gasto presupuestario regional». Según sus números, el incremento de la población entre 1998 y 2010 (un 18%) y la consiguiente mayor demanda de servicios «no justifican el intenso incremento de empleo en las autonomías de los últimos años».