España se expone a una multa millonaria de la UE si no actúa contra el paro

El comisario de Economía, Olli Rehn, volvió a remarcar ayer la «necesidad» de una nueva reforma laboral en España. Apenas tres semanas después de ponerse en la piel de un «joven español» para llamar la atención sobre la elevada tasa de desempleo en este colectivo, el responsable comunitario tachó de «extremadamente lamentable» que más del 20% de los trabajadores se encuentren en el paro. Según la normativa de la UE que entra hoy en vigor, el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy se expone a una multa de 1.000 millones de euros -el 0,1% del PIB del país- si no toma medidas para fomentar la creación de empleo.

Rehn compareció en Bruselas para detallar la aplicación del reforzado Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la columna vertebral de la gobernanza económica en la zona euro, aunque también afecta al resto de miembros de la UE. En esta nueva regulación, se contemplan una serie de sanciones por fuertes desequilibrios macroeconómicos. Para alertar de estos riegos, los socios comunitarios han pactado una lista de diez indicadores que sirven como señales de alarma. Ahí, se incluyen cuestiones como las exportaciones, los costes laborales o el desempleo. En este último campo, se traza como línea roja una tasa de paro superior al 10% teniendo en cuenta su evolución en los últimos tres años.

Con estos límites sobre la mesa, España se convierte en un candidato ideal para las nuevas sanciones comunitarias. El comisario de Economía, sin embargo, prefirió no adelantar acontecimientos y recordó que el listado de diez indicadores todavía tiene que ser validado mañana por la Eurocámara. En cualquier caso, recomendó al nuevo Gobierno que se prepare para tomar decisiones porque el volumen de desempleo «es una clara muestra de la necesidad de reformas estructurales». Al igual que en ocasiones anteriores, Rehn aconsejó modificaciones en el «mercado laboral y otras medidas para mejorar la empleabilidad de los ciudadanos».

La nueva normativa europea, que supone el mayor refuerzo de la gobernanza económica desde que se aprobó la introducción del euro hace veinte años, también está enfocada hacia un control más estricto del déficit y la deuda pública.

Para ello, se contemplan multas del 0,2% del PIB, el equivalente a 2.000 millones en el caso de España. Actualmente, solo cuatro países (Suecia, Finlandia, Luxemburgo y Estonia) se librarían de estos castigos por superar desfases del 3% en sus cuentas.

Bruselas perseguirá la falta de medidas de acuerdo a los calendarios de reducción del déficit pactados con los socios. España, que tiene de plazo hasta 2013, cuenta con algo más de margen antes de recibir el primer aviso de la Comisión. En cambio, Bélgica, Polonia, Chipre, Malta y Hungría ya han recibido las cartas del Ejecutivo comunitario en la que se les recuerdan sus obligaciones. Rehn explicó que los cinco socios han reaccionado rápidamente, pero no tomarán una decisión definitiva sobre las posibles sanciones hasta enero.

El comisario observó que el desmarque del Gobierno británico no evitará que la City se vea afectada por las regulaciones europeas. «Todos debemos extraer lecciones de la crisis y ayudar. Y esto también se aplica al sector financiero», dijo.