La Diputación saldará su deuda con 153 proveedores con el crédito del ICO

Al igual que casi todos los ayuntamientos de la provincia, la Diputación de Cádiz también se ha acogido a la línea de crédito abierta por el Estado a través del ICO con el fin de que se puedan ir saldando algunas de las muchas deudas pendientes con proveedores que tienen todas las administraciones públicas.

Fueron el presidente y el diputado del Área de Economía, Hacienda y Contratación de la Diputación, José Loaiza y Juan Antonio Liaño, respectivamente, quienes suscribieron en la mañana de ayer el préstamo aprobado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para saldar deudas con proveedores, en este caso con pequeñas y medianas empresas y autónomos. Junto a ellos firmaron los convenios representantes de las dos entidades bancarias que intervienen en la operación: Francisco Javier Jurado y Jaime Cánovas, del BBVA, y Rafael González Cantos, del Banco Popular. El crédito del que se va a beneficiar la Diputación Provincial de Cádiz asciende a una cuantía cercana a los 4,8 millones de euros (4.779.997,40 euros exactamente). Con ellos se solventará el pago de suministros, obras y servicios certificados con anterioridad al 30 de abril de 2011.

En total serán 153 los proveedores que cobrarán por los servicios prestados. El presidente de la Diputación hizo hincapié en que todas las facturas pendientes a las que se va a hacer frente han sido heredadas del anterior gobierno del PSOE. «Estos proveedores se iban a colar en un año sin cobrar por culpa de la dejadez de los socialistas», manifestó Loaiza, quien explicó que esta acción obedece al intento de su equipo económico de llevar a cabo operaciones financieras «para intentar paliar un poco la crisis».

Del montante total que han concedido los bancos a la Diputación, la mayor parte corresponde al crédito que el BBVA ha concedido a la propia institución (3,9 millones), mientras que los casi 900.000 euros restantes, aportados por el Banco Popular, irán destinados a pagar facturas pendientes del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT).

El crédito obtenido por la Diputación Provincial de Cádiz, al igual que los de las demás administraciones públicas que se han acogido a esta línea especial del ICO en todo el país, se amortizará en 3 años, con un interés del 6,5%. A este respecto, José Loaiza se quejó de las condiciones del préstamo. «El Gobierno tendría que haber dado unos plazos superiores para facilitar el pago, y así incluso se podrían haber solicitado cantidades mayores. Además, el interés es muy alto», dijo.

El presidente recordó que esta operación se validó en el pleno del mes de octubre, con los votos favorables del Partido Popular, Izquierda Unida y el Foro Ciudadano, mientras que el PSOE se abstuvo, además de la no comparecencia al mismo del Partido Andalucista. La abstención de los socialistas también fue motivo de reproche por parte de Loaiza, considerando que lo que se aprobaba era la solución a unas deudas contraídas por este partido mientras estuvo en el Gobierno. «Facturas colgadas», dijo José Loaiza, que, «en el mejor de los casos, acumulaban 8 meses sin ser abonadas».

El listado de acreedores de Diputación no se agota en la operación resuelta ayer. José Loaiza aseguró que el nuevo Ejecutivo tendrá que asumir «facturas sin consignación presupuestaria, y que por tanto carecían de retención de crédito, por un importe de 600.000 euros». En este sentido, Loaiza destacó que en el año 2012 se estudiará la fórmula para saldar dicha deuda. La decisión al respecto se someterá al pleno de la Corporación Provincial, «refrendando la pauta de transparencia en las cuentas adoptada por el equipo de Gobierno».