La Fiscalía rechaza que la Audiencia Nacional asuma el 'caso Urdangarin'

La Fiscalía comunicó ayer a la Audiencia Nacional que por el momento no ve razón alguna para que este tribunal central deba asumir la investigación del 'caso Urdangarin', que desde hace meses instruye el juzgado número 3 de Palma de Mallorca.

La causa en disputa es una pieza desgajada del sumario 'Palma Arena', el que tiene al expresidente balear Jaume Matas como principal procesado, que investiga la posible apropiación ilícita de fondos públicos por parte de los responsables de la Fundación Nóos, organización que hasta 2006 presidió Iñaki Urgandarin, duque de Palma y esposo de la infanta Cristina.

La falta de competencia de la Audiencia Nacional para investigar esta causa es la conclusión principal del informe con el que Anticorrupción responde a la consulta del titular del Juzgado Central 2, Ismael Moreno, que en los próximos días deberá decidir si reclama la investigación de la pieza, tal y como le pidió el abogado de Matas, o si rechaza la competencia sobre el asunto y mantiene la instrucción en el juzgado de Palma, dirigido por José Castro.

La Fiscalía se opone al cambio de jurisdicción de la investigación porque señala que Matas no explica los motivos por los que desea sustraer la causa al juez de Palma y que, como único argumento, señala, «de manera un tanto vaga e imprecisa», que los hechos delictivos investigados, «si son ciertos», posiblemente tengan ramificaciones más allá de Baleares, en comunidades autónomas como Valencia o Cataluña.

El Ministerio Público, después de estudiar el escrito del expresidente balear, concluye que lo dicho por este «es solo eso, una mera suposición, ayuna totalmente de un sustrato fáctico que la apoye».

Anticorrupción, en resumen, considera que la investigación sobre la Fundación Nóos está aún «en una fase inicial» y que no es posible saber si cumplirá con alguno de los dos presupuestos que obligarían por ley a su instrucción por la Audiencia Nacional: que se trate de una defraudación que suponga «una grave repercusión» en el tráfico mercantil o la economía nacional o que tenga perjudicados en más de una comunidad autónoma.

La Fiscalía, una vez desechada la ramificación inicial del caso en varias regiones, justifica su postura en la jurisprudencia marcada por el Tribunal Supremo sobre lo que debe entenderse como un gran fraude con repercusión nacional, el segundo presupuesto competencia exclusiva de la Audiencia Nacional.

Recuerda que el alto tribunal, en autos como el dictado en septiembre de 2004, no otorgó tal calificación a una causa que investigaba una defraudación fiscal a la Agencia Tributaria por un valor de 21 millones de euros y, en cambio, sí que exigió que la instrucción del caso continuase en el juzgado natural y no en la Audiencia Nacional. El informe de la Fiscalía afirma que, «en el presente caso, la cantidad defraudada no se acerca ni con mucho a dicha cifra».

La postura de Anticorrupción ya fue anticipada hace días por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien indicó que aún era demasiado pronto para poder determinar si los delitos que se le atribuyen a la Fundación Nóos se extenderían fuera de Baleares, por lo que la instrucción debía seguir en las islas.

Nadie espera que durante los días que le quedan a Conde-Pumpido al frente de la institución -cesará en enero, con el cambio de Gobierno- su departamento tome decisión alguna sobre si Iñaki Urdangarin debe ser imputado o no en esta causa. El fiscal general anticipó que Anticorrupción no tomará esta decisión hasta que acabe de analizar toda la documentación requisada a Nóos en varias sedes.