La UE aguarda con los deberes de Zapatero

Unos días antes de las elecciones, 'The Economist' reflejaba con nitidez la magnitud del desafío que espera a Mariano Rajoy. «Mañana es demasiado tarde», titulaba la revista en alusión a las urgentes reformas que necesita España. La UE comparte el análisis y confía en que el nuevo presidente se remangue nada más asumir su cargo. Los deberes que le aguardan son una continuación de las medidas exigidas a José Luis Rodríguez Zapatero. Bruselas ha apretado y apretará en tres frentes: la reducción del déficit, la lucha contra el paro y la recapitalización de la banca.

Tras el triunfo del PP, el 'Financial Times' resumía la situación con un «no hay tiempo para fiestas». Desde los comicios, las tensiones en los mercados se han relajado, pero la UE quiere que el nuevo Gobierno ponga en marcha las reformas de inmediato. Bruselas no habla de plazos concretos, pero se recuerda que en 2012 el Tesoro necesita refinanciar 135.000 millones en deuda.

Una de las principales herramientas para mantener a raya a los mercados es la lucha contra el déficit. Zapatero acordó con la UE una senda para reducir el desfase en el gasto con el horizonte en 2013. Rajoy heredará ese compromiso. Hace menos de un mes, la Comisión volvió a martillear con esta cuestión. Según sus cálculos, España cerrará 2011 con una desviación de seis décimas sobre el objetivo del 6%. En 2012, el diferencial se ensancharía más y quedaría muy lejos del 4,4% estipulado.

El Ejecutivo comunitario atribuye el incumplimiento del déficit al gasto excesivo de las autonomías frente a un Gobierno central más comprometido con la austeridad. Aunque se admite que en la segunda mitad de este año se están tomando medidas, los expertos concluyen que se requerirán más «acciones correctivas». Solo en 2012, haría falta un tijeretazo de 15.000 millones, una cantidad similar a la que ahorró el Ejecutivo socialista el ejercicio pasado con la rebaja de los sueldos a los funcionarios y la congelación de las pensiones.

Reforma constitucional

La Comisión no es la única que sigue al milímetro la evolución del déficit. En la última cumbre europea, en octubre, los miembros de la zona euro también dejaron marcado el camino para España, que tiene que cumplir «estrictamente» los objetivos pactados «incluido a nivel regional». A renglón seguido, se reclamaba el desarrollo de la reforma constitucional para que todas las Administraciones caminen hacia el equilibrio presupuestario. Estas exigencias siguen vigentes para Rajoy.

La UE no solo machaca con el control de las cuentas públicas. La Comisión y el resto de socios ven con horror la tasa de desempleo española, que duplica la media europea del 10%. El presidente de la Unión, Herman Van Rompuy, recordaba hace poco que en la Europa que se pretende construir no pueden existir tales desequilibrios. En cualquier caso, el comisario de Economía, Olli Rehn, fue más gráfico en su primer mensaje a Rajoy: «Si yo fuera un joven español y me enfrentara a un paro juvenil superior al 40%, mientras que en Holanda es del 4% o en Austria del 5%, me preguntaría por qué».

Rehn reclamó medidas «de inmediato» para atajar la «insostenible» tasa de desempleo. Bruselas defiende la necesidad de introducir mayor flexibilidad en las empresas, la descentralización de la negociación colectiva y más oportunidades para los jóvenes. En el campo del empleo, la Comisión llegó a pedir a España que «explorara» una reducción de las cotizaciones sociales de las empresas a cambio de una subida del IVA u otros impuestos energéticos. Las quejas de Salgado sacaron la medida de la lista de recomendaciones, pero Bruselas está convencida de que es una de las fórmulas para garantizar empleos estables.

El tercer frente de la UE es la recapitalización de la banca. La desconfianza de los mercados llevó a los 27 a apostar en octubre por requisitos más exigentes para las entidades, lo que acabó dejando a España con un serio agujero. Las cinco marcas principales del sector -Santander, BBVA, Caixabank, Bankia y Popular- tienen hasta junio para apuntalar sus cuentas con 26.161 millones. Rajoy deberá pilotar el proceso, aunque se acordó que el dinero público se entregará como «último recurso».