¿Por qué vender APEMSA?

Me gustaría poder trasladar a la opinión pública de El Puerto una serie de reflexiones sobre la última ocurrencia que Enrique Moresco, Alcalde del P.P., ha tenido para defender los intereses generales de nuestra ciudad, con el apoyo directo de su socio de gobierno del Partido Andalucista: la feliz idea de privatizar la empresa municipal que mejor funciona en nuestra ciudad, anunciando la entrada de un “socio tecnológico” mediante la ampliación de capital. Como se puede apreciar a todas luces, un eufemismo que cubre la clara intención de malvender el 49% de una empresa pública solvente a una empresa privada, mediante la concesión de la gestión íntegra por un periodo de 25 años.

En primer lugar, la ciudadanía debe conocer que de este tema venimos hablando en nuestro Ayuntamiento desde el anterior mandato corporativo, cuando denunciamos las negociaciones que el equipo de Gobierno ha realizado para sacar adelante la operación. Ni que decir tiene que todas las veces que hemos mostrado nuestra preocupación por este hecho, desde el equipo de Gobierno hemos recibido toda clase de insultos, menosprecios y la exigencia de una justificación por nuestra parte para demostrar que lo relatado se ajustaba a la verdad. Y miren por dónde, el encargo que recibió el entonces concejal de Hacienda, Sr. Páez, ha visto la luz, eso sí con alevosía y nocturnidad.

En aquellas fechas, gracias al empeño de la oposición, colectivos ciudadanos, trabajadores de la empresa y la posición electoralista del Partido Andalucista, pudimos detener, in extremis, la venta de la empresa.

Para mayor abundamiento es bueno recordar que el actual alcalde, públicamente, se comprometió a no vender empresas municipales, ya que ese sería un gran error político, como bien se nos ha recordado recientemente a través de un medio de comunicación hablado.

En esta nueva intentona por privatizar, las manifestaciones vertidas por los señores Moresco y Ruiz en la rueda de prensa donde lo anunciaron, giraron en torno a que se hacía necesaria la entrada de un cualificado socio tecnológico, siguiendo indicaciones y directivas comunitarias que nunca han desvelado y que nadie conoce. También se justificaron aduciendo que ello no merma ni repercute negativamente en la calidad, el costo del servicio ni los derechos de los/as trabajadores/as, los cuales estarán plenamente garantizados.

Es decir, que el inversor va a aportar una importante cantidad económica, que está pendiente de determinar, sin más contrapartida que pasar a ser titular del 49% de las acciones del capital social. Es decir, que una O.N.G., que es muy desprendida y quiere a los portuenses de todo corazón, nos va a regalar una astronómica cifra sin repercutir la inversión en las tarifas, en los derechos de los/as trabajadores/as y lo más grande; no pretende recuperar la aportación realizada. Pero además, suponemos, que dicha O.N.G. tendrá que solicitar un préstamo del que no le van a cobrar intereses y que, para más inri, no tendrán que devolver.

Pues miren ustedes, esto no nos cuadra porque, ni las entidades bancarias ni las empresas privadas del sector de aguas son ONGs., y todo inversor busca la recuperación de su dinero, cubrir los intereses financieros así como el legítimo beneficio industrial, y menos aún como están las cosas hoy día.

Visto lo visto mantengo que ni Moresco ni Ruiz están contando la verdad, aquí hay “gato encerrado”, ya que si no nos van a subir las tarifas del agua, ni el servicio sufrirá merma y los puestos de trabajo se garantizan, todos nos preguntamos; ¿Cómo piensan estos señores recobrar su inversión?, ¿Como Dios manda?, ¿Por intervención divina?, contesten.

Desde el PSOE estimamos que la empresa querrá recuperar su dinero como se está haciendo en otras ciudades donde la operación ya se ha llevado a cabo (Huelva, San Fernando, Madrid…..), esto es, de los exprimidos bolsillos de los portuenses que verán incrementado el coste del servicio por subidas constantes de tarifas y otras repercusiones o minoraciones, a saber; incrementos de tarifas, si no de inmediato dentro de unos años, reducciones de cargas salariales mediante la amortización de puestos de trabajo o reducciones de plantilla por otros conceptos. Reducción de las inversiones y del mantenimiento de la red con lo que el deterioro y la obsolescencia de las infraestructuras será notorio y quedarán como rémora para que sea el Ayuntamiento quien se vea obligado, transcurrido el plazo del contrato, a realizar las inversiones reparadoras necesarias a coste de nuestros bolsillos.

Consideramos que la gestión íntegra corresponderá a la empresa privada, nosotros tendremos el 51% del paquete de las acciones de forma testimonial ya que nos limitaremos a darle el visto bueno a los incrementos de las tarifas y perderemos todo el control de la gestión ya que ésta será exclusiva de la empresa privada.

Confiamos en que, al menos, nos dejen participar en la elaboración de los pliegos, si es que no están redactados y cerrados, para poder aportar ideas que puedan mejorar la propuesta en la que se debe trabajar.

En cuanto al papel que está jugando el actual Consejero Delegado, nombrado por ser miembro del P.P., debemos hacerle saber que está ahí para hacer otras funciones que no sean las de menospreciar o desprestigiar a los colectivos ciudadanos que se muestren en contra de una medida que solo va a servir para despatrimonializar una empresa municipal señera y de todos los portuenses, a la que va a hipotecar para recibir una inyección económica que tendremos que devolver con creces.

Por todo ello le pedimos a los verdaderos urdidores de esta lamentable operación, Enrique Moresco y el arrepentido Antonio J. Ruiz, que se dejen de hacer experimentos con gaseosa y se dediquen a gestionar nuestros intereses defendiéndolos y no despilfarrándolos. Vender Apemsa por 30 monedas, NO.