Dos funcionarios de Puerto III, ante la suspensión de empleo

Los dos funcionarios de Puerto III, que tienen abierto un expediente por supuesta negligencia en la custodia de los internos que tenían a su cargo en el módulo de aislamiento el pasado mes de agosto, se puede cerrar con una dura sanción para estos empleados que se verían abocados a una suspensión de empleo y sueldo. Una medida de castigo que podría prolongarse durante tres meses. De esta manera podría resolver Instituciones Penitenciarias la muerte de un preso a manos de su compañero de horas de patio; un peligroso recluso que ya había matado a otro interno en 2009, en la prisión de Fontcalent (Alicante).

Ayer los compañeros de estos dos empleados volvieron a mostrarles su apoyo mediante un comunicado en donde le reclamaban a la director general de Instituciones Penitenciarias en funciones, Mercedes Gallizo, que ordene el archivo de los expedientes. Los sindicatos con representación en Puerto III recuerdan que la muerte del interno se produjo en un módulo con serios problemas de seguridad, los cuales no pueden ser achacables a los funcionarios. «El departamento, que acogía a los 45 presos más peligrosos de España, adolecía de graves carencias de falta de personal y de medidas de seguridad. Quedó patente que era materialmente imposible que, con la dotación de funcionarios y de medios tecnológicos existentes, pudiesen controlar todas las dependencias al mismo tiempo».

La prueba evidente para estos trabajadores de que existía falta de seguridad es el hecho de que la zona donde se produjo el asesinato no tenía ninguna cámara de vigilancia. Sin embargo, tras producirse el trágico acontecimiento, se instalaron sistemas de videovigilancia. «Era una auténtica barbaridad que, dado el perfil de los presos de los que estamos tratando, existiesen tales fallos de seguridad desde la inauguración de la prisión», denunciaban ayer los sindicatos.

Se da la circunstancias que los dos funcionarios que se enfrentan a una posible suspensión de empleo y sueldo no son novatos. Fuentes de Puerto III confirmaron a este medio que ambos tienen una experiencia de 15 años y proceden de Puerto I; un centro de Primer Grado donde son recluidos los internos más conflictivos. «No hubo negligencia en su trabajo, pero la señora Gallizo, en el mayor de los despropósitos posibles, exige a los funcionarios de Puerto III que estén dotados del don de la ubicuidad».