Editorial

Reforma urgente

El plazo fijado a empresarios y sindicatos obliga al Gobierno a presentar un decreto-ley para la revisión laboral después de navidades

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El plazo fijado por Mariano Rajoy para que empresarios y sindicatos se pongan de acuerdo en torno a una reforma más en profundidad del mercado laboral permite suponer que dentro de poco más de un mes el nuevo Gobierno aprobará el correspondiente decreto-ley, sea como fruto del diálogo social o por iniciativa propia. No queda claro si el PP antes del 23 de diciembre y el ejecutivo de Rajoy después se limitarán a urgir el pacto requerido o lo auspiciarán activamente. Los actores del diálogo social deberían evitar planteamientos de 'todo o nada' respecto al acuerdo que se les ha solicitado, consignando formalmente cuantas modificaciones normativas cuenten con el respaldo de ambas partes, de modo que partiendo de éstas el Gobierno pudiera completarlas en aquellas vertientes que susciten discrepancia entre empresarios y sindicatos y en aquellas otras que prefieran soslayar. Esto último podría ocurrir con la reticencia común a trasladar la negociación colectiva al ámbito de cada empresa, idea con la que Rajoy se comprometió a lo largo de la campaña. Aunque sería más amplio el capítulo de las cuestiones en las que la iniciativa legislativa del Gobierno mediaría entre las partes o se inclinaría claramente del lado de una de ellas. Lo que ocurriría con la simplificación de las modalidades de contratación y sus características o con el margen de discrecionalidad que la empresa pueda tener en cuestiones que atañan a la organización de la producción. Un tratamiento aparte merecería la creación de un fondo de capitalización individualizada para cada trabajador para afrontar tanto la cobertura en caso de desempleo como su formación continua; propuesta popular que por su naturaleza haría aconsejable la anuencia de los agentes económicos y sociales y el más amplio consenso parlamentario. En cualquier caso conviene precisar que la reforma laboral pendiente ha de servir, en lo inmediato, para recuperar la confianza exterior sobre el futuro de la economía española, situando en un plazo medio la generación de puestos de trabajo, dado que estos dependen fundamentalmente de la reactivación general, objetivo al que contribuiría la flexibilización del mercado de trabajo.