El PP le reclama a Perales y a la Junta que aclaren su vinculación real con Ouviña

«Sospechoso», «sorprendente», «más de lo mismo» o «un claro ejemplo de pésima gestión solo encaminada al beneficio de unos pocos». Estas fueron algunas de las reacciones que se recogieron ayer a la información publicada por este medio sobre la contratación de una sobrina de Antonio Perales en una de las empresas de Dávila Ouviña, el industrial gallego detenido y enviado a prisión por supuesto fraude en las ayudas que recibió a cuenta del Plan Reindus.

El primero en pronunciarse fue el Partido Popular a través del presidente de la Diputación. José Loaiza pidió ayer explicaciones, tanto al exgerente del Plan Bahía como a la Junta. «Esto es como el caso de los ERES. Se ha demostrado que ha habido una mala gestión porque al final han montado un chiringuito para beneficio propio».

En el actual gobierno de la Diputación desconocían que una de las sociedades que recibió una inyección económica millonaria para que se asentara en la Bahía y creara empleo tenía en nómina a un familiar directo del responsable político que respaldó la entrada en escena de Dávila Ouviña. «Esas subvenciones tienen como fin aliviar la situación de desempleo que existe. Sin embargo, les ha importado bien poco Delphi o dar trabajo a los miles de parados que tenemos en esta provincia. De los siete trabajadores que tenía esa empresa, la mayoría vinieron de la mano de Ouviña y solo contrataron a dos gaditanos, uno de ellos la sobrina de Perales. Creo que hay razones suficientes para que Perales y la Junta expliquen al menos qué vinculación real había con un empresario que está ahora en prisión».

El escandaloso fraude ha tenido un efecto inmediato en la gestión del propio Plan Reindus, ya que las ayudas que debían haber llegado a la provincia en forma de proyectos empresariales están paralizadas. «Existe una investigación abierta en el juzgado nº 4 de Cádiz donde se depurarán las responsabilidades penales. Pero el PP demanda que las trampas que hayan podido hacer tres o cuatro personas no afecten a todos los gaditanos. Ese dinero tiene que venir a Cádiz para que al final no sea la gran perjudicada por este nuevo escándalo del PSOE». Así, Loaiza anunció que su formación va a solicitar formalmente que se liberen esas subvenciones.

Desde IU reprochaban que la contratación de la sobrina de Perales conduce a pensar que el PSOE, después de tantos años de gobierno, han confundido la Administración con una propiedad. El parlamentario Ignacio García criticó que los familiares de los políticos accedan a puestos de trabajo sin estar en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos.