El comité gubernamental propone sacar a Franco del Valle de los Caídos

Convertir el Valle de los Caídos en un mausoleo de la memoria de todas las víctimas de la Guerra Civil, despojándole de cualquier connotación política e ideológica, pasa por exhumar los restos de Francisco Franco y trasladarlos al lugar que designe su familia, un sitio que sea considerado «digno y más adecuado». Esta es la recomendación final de la Comisión de Expertos creada en mayo por el Gobierno para elaborar un informe sobre el futuro del conjunto monumental y que ayer publicó sus conclusiones. Tres de los doce miembros de la comisión rechazaron trasladar la sepultura de Franco por el impacto negativo que podría tener en la opinión pública. De todas formas, el informe no es vinculante y la decisión final dependerá del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Los expertos que votaron a favor de mover los restos del dictador de la finca de Cuelgamuros invocaron la necesidad de que el Gobierno busque «los más amplios acuerdos parlamentarios» y negocie con la Iglesia la oportuna autorización.

Esto es así porque la basílica del complejo donde se encuentra enterrado Francisco Franco y el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, depende de la autoridad del abad benedictino de la Santa Cruz del Valle, mediante acuerdos de la Santa Sede de 1979, por lo que cualquier modificación requiere su consentimiento. No así para el resto del cementerio-osario, que pertenece al poder público.

Para el caso de Primo de Rivera, la comisión entiende que, dada la dignidad de las 33.847 personas allí enterradas, sus restos «no deben ocupar un lugar preeminente» en la basílica. Por este motivo, cualquier decisión que adopte el futuro Gobierno del PP debería contar con el beneplácito del monje Fray Anselmo Álvarez, de lo contrario se estarían incumpliendo los acuerdos con la Santa Sede.

Precisamente, esta negociación y sus hipotéticas dificultades legales es uno de los argumentos que esgrimen los expertos que han emitido un voto particular. Se trata del catedrático de Derecho Constitucional Pedro-José González-Trevijano, el consejero de Estado Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y el historiador Feliciano Barrios. Los tres alegan que en caso de una negativa del abad habría un hipotético recurso a su superior jerárquico, el Papa Benedicto XVI, lo que supondría una negociación de carácter internacional.

«Dividir y radicalizar»

De la misma forma, estos expertos señalan la «inoportunidad» del momento, ya que contribuiría a «dividir y radicalizar» a la opinión pública. «Para una parte no pequeña de los españoles supondría una descalificación de un largo periodo de la historia y para otra parte resultaría muy ingrato trasladar sus restos porque es un Jefe del Estado», dicen.

En cualquier caso, el abad benedictino ha reiterado que harán lo que desee la familia del dictador y esta parece de momento dividida, aunque la hija Carmen Franco dijera en octubre que no tenía intención de remover los restos. Sin embargo, tanto la comisión como algún otro miembro de los Franco, caso del nieto Francis, recordaron que la intención inicial era llevar su cuerpo al mausoleo familiar en el cementerio municipal de El Pardo, donde está enterrada Carmen Polo, mujer del general.

Sobre el resto de las 15 recomendaciones finales hubo un consenso más amplio. Este incluye la necesidad de intervenir lo más rápido posible ante el «grave deterioro» del templo, una obra presupuestada en 13 millones de euros; crear un centro de interpretación; mantener el nombre de 'Valle de los Caídos'; recolocar los restos de los osarios en columbarios nuevos y rescatar del anonimato a las más de 12.000 víctimas sin identificar.

El resto de la comisión la forman el jurista Virgilio Zapatero, los historiadores Carme Molinero, Alicia Alted y Ricard Vinyes, el antropólogo Francisco Ferrándiz, el investigador Manuel Reyes, el monje Hilari Reguer, la filósofa Amelia Valcárcel y Carlos García de Andoain.