Rafael Rubio: «Yo no cobré nada de aquel despido, creía que todo era legal»

Rafael Rubio Cáliz, exconcejal del Ayuntamiento de Sanlúcar por el PP y alcalde accidental entre el año 2002 y 2006, se sentó ayer en el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial de Cádiz, imputado por negociar el despido del gerente de la empresa municipal de limpieza 'Emulisan', José Miguel Barrios Ramos, con una indemnización tres veces mayor de lo que estipulaba su contrato. El exgerente recibió 100.000 euros, aunque lo estipulado eran solo 30.000 euros. También José Miguel Barrios está acusado en este caso, aunque curiosamente no se sentó en la hilera de bancos reservada para los acusados. Vestido con una toga, el exgerente ocupó un asiento junto a su abogado, como un letrado más. Aun así, se sometió a las preguntas del fiscal, del letrado de la acusación particular -el Ayuntamiento de Sanlúcar- y las defensas.

Ambos están acusados de un delito de malversación de caudales públicos y de otro de prevaricación. Es decir, supuestamente actuaron a sabiendas de que lo que hacían era ilegal. Sin embargo, los dos alegaron ayer que no sabían que actuaban fuera de la ley, con una coletilla común: «Yo pensaba que...». «Yo creí que lo que estaba haciendo era conforme a derecho; no cobré nada de aquel despido», aseguró por ejemplo el exconcejal durante su interrogatorio.

Según el fiscal, Rafael Rubio negoció con el exgerente una indemnización por despido superior a lo que su contrato establecía, aunque el exconcejal -a la sazón, vicepresidente de Emulisan- ni siquiera tenía competencias para hacerlo. La decisión dependía del consejo de Administración de la empresa. En este sentido, Rubio también dijo que desconocía que los despidos no eran asunto suyo, pues ni siquiera había leído los estatutos de la empresa.

Además de atribuirse esas competencias, el exedil hizo un encargo poco habitual: pidió a José Miguel Barrios que redactara el borrador de su propio despido y que estableciera él mismo las condiciones. «Yo pensé que el señor Barrios conocía cuál era el mecanismo, por eso me reuní con él», se defendió ayer el exconcejal del PP. Rubio revisó los términos de aquel despido e hizo algunas modificaciones, tras consultar a un asesor personal. Sin embargo, reconoció ante el tribunal que no consultó los términos del acuerdo con el interventor, ni con los asesores jurídicos municipales. Ni siquiera revisó el contrato del exgerente, para saber qué condiciones preveía. Según él, aceptó la cantidad puesta por Barrios porque «poco antes se había cesado a otro gerente por 100.000 euros». Por eso «no me extrañó», se justificó.

En septiembre de 2006, después de que José Miguel Barrios hubiera cobrado ya su finiquito, el secretario general del Ayuntamiento tuvo noticia del despido y saltaron las alarmas. «El secretario me dijo había que acudir al consejo de administración y me recomendó que no tuviera contactos con Barrios, que ellos se encargarían de comunicarle el 'error administrativo' cometido», explicaba ayer el exedil. En octubre de 2006, el consejo de administración confirmó el despido, pero en noviembre acordó solicitar al exgerente que devolviera el dinero. Sin embargo, hubo que esperar a que el Tribunal de Cuentas le obligara el año pasado a devolver los 58.280,43 euros cobrados de más.

«Pensé que...»

El dinero ya ha sido restituido, aunque según Barrios nunca lo cobró de mala fe. También él apeló al argumento del «yo pensé que»: por ejemplo, sabía que la indemnización que le correspondía era menor, pero creyó que podía aumentarla: «Cuando el señor Rubio dijo que había que negociar el despido; pensé que había una novación de las condiciones», justificó.

Además, según él, creyó que el exconcejal estaba llevando el despido por los cauces legales: «Pensé que se habría convocado un consejo de administración a mis espaldas». Es más, según dijo, cuando le reclamaron el dinero, se sintió «engañado». Barrios también alegó que otro gerente «de una empresa más pequeña» había recibido poco antes 120.000 euros. Pensó que él también tenía derecho a la misma indemnización. Aparte, José Miguel Barrios recordó que su relación con Rubio era «mala o más bien inexistente». Es más, sugirió que fue víctima de acoso laboral, pero decidió no llevar el despido a los juzgados de lo Social de Jerez, «porque estaban saturados».

Tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento piden una pena de cinco años y medio de prisión para cada uno de los acusados.