Ouviña tenía en plantilla a la sobrina de Antonio Perales, quien medió en la concesión de ayudas

Las pasadas elecciones generales, con sus pronósticos en los días previos y los análisis de los resultados tras la resaca electoral, habían relegado a un segundo plano la mayoría de los asuntos que habían acaparado la atención mediática de los últimos meses en la provincia. Uno de esos temas desbancados del ojo del huracán ha sido la investigación abierta por el fraude a las ayudas del Plan Reindus; 21,5 millones de euros que se destinaron a tres sociedades de un empresario gallego, Manuel Alejandro Dávila Ouviña, que se comprometió a iniciar actividad empresarial en la Bahía y generar así empleo. Sin embargo, el pasado 18 de julio el Ministerio de Industria publicaba en el BOE una orden por la cual reclamaba el reembolso de esas subvenciones a un empresario que supuestamente estaba en paradero desconocido. Casi cuatro meses después, la Policía detenía a Ouviña en A Pobra, su pueblo natal, en La Coruña. Hoy está en prisión preventiva, imputado en los delitos de blanqueo, estafa y falsedad documental.

Una de las tres sociedades señaladas por Industria es Soluciones Tecnológicas Ambientales, que recibió en la convocatoria de 2010 del Plan Reindus 2,4 millones, que ahora reclama el Ministerio por no haber cumplido con los compromisos adquiridos para acceder a estas ayudas. La sede social de esta empresa se ubicaba en el parque Tecnobahía de El Puerto y tuvo hasta el verano pasado en plantilla a siete empleados. Uno de esos trabajadores contratados por la sociedad de Ouviña era Ofelia Perales Moreno, sobrina de Antonio Perales, exgerente del Plan Bahía Competitiva y la persona que apoyó los planes empresariales del gallego cuando aterrizó en Cádiz. Esa confianza le costó en agosto su puesto y aunque la versión oficial que dio la Junta es que su salida era fruto de una reestructuración por la cual la entidad que gestionaba era integrada en la Agencia de desarrollo IDEA, dependiente de la Consejería de Economía; lo cierto es que su cese se produjo tan solo días después (2 de agosto) de que Industria hiciera público la búsqueda de Dávila Ouviña para que devolviera el dinero.

Su sobrina e hija del malogrado Alfonso Perales fue contratada como administrativa; si bien la cualificación de Ofelia Perales es mucho más alta ya que es licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas. Con solo 29 años cuenta ya con un curriculum envidiable si se compara con otros compañeros de generación y principales afectados en las elevadas cifras del paro. Antes de trabajar para la empresa de Ouviña fue asesora en la dirección del Instituto Andaluz de la Mujer.

Este periódico contactó ayer con ella para conocer cómo había sido el proceso de selección para trabajar en una sociedad que a día de hoy está desmantelada y, sobre todo, con el interés de conocer de cerca cómo se había gestado uno de los proyectos frustrados del empresario gallego desde el punto de vista de una de sus empleadas. Pero Ofelia Perales declinó a hacer cualquier tipo de declaración sobre este asunto.

Su incorporación a la plantilla de Soluciones Tecnológicas fue prácticamente la única de un gaditano a esta empresa. Pese a que las ayudas que recibió Ouviña debían haber sido destinadas a la creación de empleo en la Bahía para aliviar las terribles cifras de desempleo que atenazan a esta zona del país; de los siete empleados que estaban en nómina, solo dos son vecinos de la provincia: la sobrina del exgerente del Plan Bahía y otro empleado más. El resto de compañeros proceden de la misma comarca gallega que Ouviña.

Correo electrónico

Entre la documentación a la que ha tenido acceso este periódico que confirma la vinculación laboral de Perales con Soluciones Tecnológicas está un correo electrónico que envió a la gerente de la empresa en el mes de julio, cuando se publicó la orden de Industria. En dicha comunicación informaba a su superiora que un canal de televisión había llamado buscando reacciones a la noticia, la cual cuestionaba la actividad empresarial de Soluciones Tecnológicas. La respuesta de Victoria Barreira Vivian es que ya no ocupaba dicha responsabilidad, desvinculándose del problema. Esta misma mujer aparece de apoderada de hasta 12 empresas que gestó Dávila Ouviña.

La pequeña plantilla de Soluciones Tecnológica fue la primera víctima del fraude ya que en el mes de julio dejaron de cobrar sus nóminas. El conflicto laboral para la mayoría de los afectados se resolvió con el pago de indemnizaciones por despido improcedente y la liquidación de las cantidades adeudadas. Este periódico confirmó a través de fuentes laborales que Ofelia Perales también acudió al Centro de Mediación (Cemac) para resolver su salida de la empresa siete días después de que cesaran a su tío y apenas veinte de conocerse el posible pufo perpetrado por Ouviña.

La sociedad que contrató a Ofelia Perales fue una de las principales beneficiadas en el reparto de ayudas. Además de los 2,5 millones que obtuvo en la convocatoria de 2010 -solo cinco meses después de constituirse la empresa-, en la siguiente se quedó a las puertas de conseguir un buen pellizco: 1,1 millones de euros. La Junta acordó esa segunda inyección económica, pero finalmente se paralizaron las concesiones desde Madrid. De no haberse destapado el escándalo en julio, quizás Industria tendría que seguir ahora la pista a unos 3,5 millones.