La Junta extiende la factura sombra a 16 servicios públicos

El Gobierno de la Junta extenderá a otras 16 prestaciones de servicios públicos su experiencia de la factura informativa, llamada factura 'sombra', que ya aplica el Servicio Andaluz de Salud. La consejera de Presidencia, Mar Moreno, recordó ayer que el objetivo es que los ciudadanos conozcan el coste de los servicios que reciben de forma gratuita o subvencionada. «No se trata de pagar, sino de informar porque muchas veces lo gratuito no se valora adecuadamente», recalcó.

Los ciudadanos recibirán así información del coste de la entrada a un museo gratuito, que puede rondar los 20 euros; el de una carrera universitaria, casi 5.000 euros anuales; el transporte escolar, otros casi 700 euros al año o que la ayuda a domicilio de una persona mayor puede costar 6.000 euros anuales.

La Junta ha calculado que la factura se entregará a 3.982.605 personas y que el coste de los servicios se acerca a los 5.000 millones de euros.

La ampliación de la factura 'sombra' se dio ayer a conocer al mismo tiempo que la puesta en marcha de una campaña informativa del Gobierno de Griñán en la que este pretende hacer balance de todas las consejerías poniendo en valor la gestión llevada a cabo y los proyectos de futuro. La consejera portavoz del Gobierno, Mar Moreno, no negó la interpretación «electoralista» que puede deducirse de una campaña a cuatro meses de las elecciones andaluzas. Moreno ha insistido en que no se trata de una campaña institucional al uso, sino meramente informativa.

Cada martes tras el Consejo de Gobierno aparecerá un consejero con el balance de su departamento. Las comparecencias concluirán en febrero antes que, según lo establecido por ley, comience la cuenta atrás de las elecciones y esté prohibido este tipo de campañas.

El lema de todas ellas -«Andalucía marca la diferencia»- revela la intención de los mensajes. El Ejecutivo socialista pretende hacer ver la diferencia de la gestión andaluza con la de otras comunidades. Ayer le tocó el turno a Salud. La consejera de este área, María Jesús Montero, se extendió largo rato con el balance sanitario advirtiendo del «ataque al sistema sanitario público» de otras comunidades. Sin mencionar nombres se refirió a las gobernadas por el PP y Cataluña, donde se pueden estar «conculcando derechos de la cartera de servicios básicos reconocidos por ley a los ciudadanos». Montero anunció que el Gobierno andaluz instará al de Mariano Rajoy que recurra a los tribunales contra las comunidades que ocultan tras los recortes la vulneración de derechos.

El Consejo de Gobierno también aprobó el decreto de artesanía alimentaria que regulará esta actividad tan extendida en Andalucía, en la que se incluyen 126 conventos. El decreto establece los requisitos y facilidades para su explotación.