Urbanismo no suspenderá las multas de las casas que legalizará el PGOU

El Ayuntamiento de El Puerto no puede suspender o paralizar de forma cautelar los expedientes de infracciones urbanísticas abiertos a los ciudadanos que han construido edificaciones en suelo no autorizado. Aunque ese suelo pase a ser urbanizable en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, las multas económicas seguirán sumando enteros y los infractores tendrán que pagarlas íntegramente. De este modo, la intención manifestada por el equipo de gobierno del Partido Popular el pasado mes de abril ha quedado en papel mojado ya que los servicios jurídicos del Ayuntamiento han señalado la ilegalidad de la acción.

A mediados de abril, la por entonces concejala de Urbanismo, Patricia Ybarra, anunció que su área iba a estudiar la posibilidad legal de paralizar los expedientes de infracciones urbanísticas abiertos a las miles de viviendas ilegales que salpican el término municipal de la ciudad siempre y cuándo éstas vayan a ser regularizadas con la entrada en vigor y aplicación del nuevo PGOU, que actualmente se encuentra en la recta final de su aprobación. El nuevo planeamiento urbanístico da cobijo prácticamente al grueso de diseminados de viviendas -unas 4.000- a excepción de tres núcleos: El Barranco, El Carmen y El Pinar de Coig.

Este anuncio fue tachado de «electoralista» por parte de Izquierda Unida. Fevema, una asociación de propietarios de viviendas fuera de ordenación también cuestionó su «oportunismo». Precisamente uno de sus componentes, Javier De Paula, envió un artículo de opinión a los medios en el que advertía de que esta intención de Urbanismo era ilegal. Según De Paula, en esta propuesta ya estaban trabajando una docena de diseminados ilegales -Lainez, Las Veguetas, Los Perales 1 y 2, María Manuela, Manila, Imbrusqueta, Albarizas, Las Cepas, Las Manoteras, Hoyo 15 y El Carril- cuyos residentes se ofrecieron a Urbanismo para colaborar. La representación legal de estos núcleos asociados a Coave, otro colectivo, sostenía que había jurisprudencia que avalaba la posibilidad de paralizar estos expedientes. Una opinión que no compartían las concejalías de Urbanismo de Chiclana y Vejer.

Provisional

Ybarra dijo entonces que esta decisión había sido tomada una vez obtenida la Aprobación Provisional III del PGOU. «Desde el Gobierno local entendemos que no es justo continuar con expedientes de restauración de una legalidad marcada por un planeamiento con un horizonte próximo y cierto de cambio que ya ha asumido estas construcciones en el modelo de ciudad». En todo caso, añadió la concejala, que hasta que no se aprobase definitivamente el PGOU las viviendas seguirían en suelos no urbanizables y por tanto su ilegalidad continuaría. «Eso es lo que nos obligara a suspender en lugar de cerrar los expedientes».

Así, Ybarra aseguró que, los técnicos estudiarían caso por caso y que los afectados podrían acudir tanto a la Oficina de Atención al Ciudadano como a la propia área de Urbanismo a fin de que la tramitación se agilizara lo máximo posible. Ocho meses después, fuentes del Ayuntamiento confirman que esta medida no es legal y que por tanto no se va a llevar a cabo.