Juzgan al exedil de Sanlúcar Rafael Rubio por prevaricación y malversación

El 'caso Terán', el 'caso Cunete' y por último, el 'caso Rubio'. La política municipal sanluqueña está marcada en la última década por un negro historial de asuntos de prevaricación o corrupción, que ha salpicado a los gobiernos tantos del PSOE como del PP. Cada caso está bautizado con el apellido o el mote -como Cunete- de algún concejal. De este modo, el último asunto toma el nombre del alcalde accidental de la localidad entre los años 2002 y 2006: Rafael Rubio Cáliz (PP), que se sentará el próximo martes 29 de noviembre en el banquillo de la Audiencia Provincial de Cádiz, acusado de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos, por pactar supuestamente con el exgerente de la empresa pública de limpieza, José Miguel Barrios Ramos, una indemnización por despido de 100.000 euros, muy superior a la que establecía su contrato (de 30.000 euros).

La Fiscalía pide para Miguel Rubio y también para Miguel Barrios Ramos, cinco años de prisión por la supuesta malversación, y una pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo y cargo público.

Durante el proceso de instrucción de este polémico caso, también acabó imputada la que fuera alcaldesa de la localidad por el PP y presidenta de Emulisan (la empresa de limpieza), Laura Seco Moreno, pero la Fiscalía finalmente ha pedido para ella el sobreseimiento provisional de la causa, pues considera que «no está acreditado que tuviese conocimiento de los términos en los que se iba a prescindir» del exgerente. También se ha pedido el archivo de la causa para Francisco A. R.

José Miguel Barrios Ramos fue contratado como gerente de Emulisan en diciembre de 2002, cuando Rafael Rubio era alcalde accidental de Sanlúcar, en sustitución de Agustín Cuevas Batista. En el contrato «de alta dirección» se fijó que, en caso de que el Ayuntamiento despidiera a Barrios de manera unilateral, el exgerente tendría derecho a una indemnización con 30.000 euros. Sin embargo, cuatro años después, en junio de 2006, Rafael Rubio -por entonces, ya vicepresidente de Emulisán y primer teniente de alcaldesa- «firmó con Barrios Ramos un acuerdo de conciliación en el que se estableció que (...) se entregaría una indemnización de 100.000 euros», según explica el fiscal, que considera que ambos actuaron con el «ánimo de apoderarse de caudales públicos». Esta compensación se le pagó al exgerente antes incluso de que se firmara el despido por parte del Consejo de Administración de Emulisan, que era «el único con competencia en esta materia». En noviembre de 2006, este consejo reclamó a Barrios el dinero que recibió indebidamente, pero este supuestamente no atendió ningún requerimiento.

Aunque la Fiscalía estima que la cantidad que se le entregó de más al exgerente fueron 70.000 euros, el Tribunal de Cuentas redujo el dinero a solo 58.280 euros, pues estimaba que el Ayuntamiento debía indemnizar a Barrios también por no comunicarle el despido con tres meses de antelación, como fijaba el contrato. El fiscal, en cambio, considera que Rubio sí concertó el fin del contrato con el exgerente con más de tres meses de antelación, pero aplazó su comunicación al consejo de administración.