La ONU condena la represión siria contra los civiles

La Asamblea General de la ONU ha condenado la represión del Gobierno de Siria encabezado por el presidente Bachar al Asad contra la población civil y ha pedido el fin inmediato de la violencia, que ya ha causado más de 3.500 muertos desde marzo pasado. La Asamblea ha aprobado la resolución de condena con el voto favorable de 122 países, aunque se han registrado 41 abstenciones y 13 votos en contra, entre ellos los de Irán, Ecuador Venezuela, Cuba, Nicaragua, Birmania o Corea del Norte.

En el documento que se ha aprobado, se subraya la negativa evolución de la crisis política. "Esperamos que los países envíen una señal firme a Siria de que las violaciones de los derechos humanos y la violencia deben de parar", afirmó el embajador británico, Mark Lyall Grant.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y la Liga Árabe han pedido al presidente de Siria el fin de la represión contra los civiles en múltiples ocasiones desde el inicio, el pasado mes de marzo, de la crisis política en ese país. En esos ocho meses, el Consejo de Seguridad había sido incapaz de aprobar una resolución de condena a Damasco por la oposición de Rusia y China, que en octubre pasado ejercieron su derecho al veto en ese órgano para parar un texto presentado por Francia, Reino Unido, Alemania y Portugal. Al veto ruso y chino se sumaron entonces las abstenciones de Brasil, India, Sudáfrica y Líbano, países que han mostrado repetidamente su reticencia a que el Consejo condene al régimen de Al Asad mediante un texto con el rango y la vinculación de una resolución.

Antes de esta votación Siria hizo todo lo posible para aplazarla. La Asamblea rechazó la propuesta siria en una votación en la que 118 países expresaron su oposición a que no se votara esa propuesta, mientras que 29 se abstuvieron y 20 se pronunciaron a favor, entre ellos Cuba, Venezuela y Nicaragua. El embajador sirio ante la ONU, Bashar Jafari, pidió el aplazamiento del voto y rechazó las denuncias que contiene ese proyecto de resolución, que calificó de "politizado", al tiempo que acusó a los países que la respaldan de hacer "un uso no ético de los nobles objetivos de los derechos humanos".