Amnistía acusa a los militares de cometer más «abusos» que Mubarak

Amnistía Internacional (AI) ha afirmado en su último informe que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas egipcio "ha fracasado completamente" en su intento de cumplir sus promesas de mejorar la situación de los Derechos Humanos en el país y ha indicado que, por contra, es responsable de un catálogo de abusos que, en algunos casos, "excede el expediente de el expresidente Hosni Mubarak".

En su informe 'Promesas rotas: los gobernantes militares de Egipto socavan los Derechos Humanos', la organización ha documentado la actuación del Ejército en el campo de los Derechos Humanos tras la caída de Mubarak, en el mes de febrero. La publicación del documento llega después de varios días en los que las Fuerzas Armadas han lanzado una dura campaña de represión contra los manifestantes que piden la transición hacia un Gobierno civil, y que ha dejado ya decenas de fallecidos y cientos de heridos entre los concentrados en la plaza Tahrir, punto emblemático de las protestas ciudadanas contra Mubarak.

"Con el uso de los tribunales militares para juzgar a miles de civiles, la represión contra protestas pacíficas y la extensión de la vigencia de la Ley de Emergencia de Mubarak, el Consejo Supremo ha continuado con la tradición de mandato represivo contra el que los manifestantes del 25 de enero lucharon duramente", ha dicho el director del AI para Oriente Próximo y Magreb, Philip Luther.

"Aquellos que han desafiado o criticado al Consejo Supremo -como manifestantes, periodistas, blogueros, huelguistas- han sido suprimidos sin piedad, en un intento de silenciar sus voces", ha agregado. "El balance de la actuación en Derechos Humanos del Consejo Supremo muestra que, tras nueve meses al frente del país, los objetivos y aspiraciones de la revolución del 25 de enero han sido aplastados. La respuesta dura y con mano de hierro a las protestas en los últimos días superan todos los récords de la era Mubarak", ha apuntado Luther.

Promesas incumplidas

Así, AI ha subrayado que el Gobierno militar ha cumplido pocas de las promesas realizadas en sus múltiples alocuciones públicas y que la situación en algunas áreas ha empeorado aún más. En agosto, el Consejo Supremo admitió que alrededor de 12.000 civiles de todo el país habían sido juzgados por tribunales militares y que, al menos, trece habían sido condenados a muerte.

Los cargos que pesan contra los acusados incluyen vandalismo, ruptura del toque de queda, provocar daños a la propiedad e insultar al Ejército. El caso del prisionero de conciencia Maikel Nabil Sanad, un bloguero sentenciado a tres años de cárcel en abril por criticar a las Fuerzas Armadas y rechazar realizar el servicio militar, se ha convertido en simbólico.

AI ha citado la represión de la manifestación copta del 9 de octubre, en la que fallecieron 28 personas a causa de disparos y por aplastamiento tras ser atropellados por vehículos blindados. Tras la misma, el Ejército anunció que llevaría a cabo la investigación, en lugar de dejarla en manos de una organización independiente.

La ONG ha puntualizado que tiene informes persistentes que apuntan al uso de matones armados o 'baltagiyas' para atacar a los manifestantes. Esta fue una táctica utilizada por Mubarak para suprimir las protestas e infundir miedo de cara a evitar manifestaciones futuras. Además, la organización ha subrayado que el uso de tortura durante la detención ha continuado durante el Gobierno militar. En septiembre circuló un vídeo en el que soldados y policías aparecían dando una paliza y 'electroshocks' a dos manifestantes, pero tras llevar a cabo una investigación, el fiscal militar rechazó el vídeo por ser un "montaje" sin dar más detalles.

AI también ha declarado que fuerzas militares han llevado a cabo desalojos forzosos de los residentes de los barrios pobres de Egipto después de que asumieran funciones policiales a principios de 2011, y ha solicitado que se ponga fin a esta práctica.