El Gobierno de Griñán muestra su malestar por el auto de la jueza Alaya

El Gobierno andaluz salió ayer por segunda vez desde que el pasado enero estalló el fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE) a mostrar su malestar con una actuación de la jueza instructora del caso, Mercedes Alaya. La primera fue cuando en marzo pidió todas las actas de los consejos de Gobierno de una década, a lo que se opuso la Junta hasta que el Supremo aclarase el conflicto de competencias. El Supremo resolvió a favor de Alaya, pero después de que esta hubiera especificado que no iba a escudriñar en la parte reservada de las actas.

Ayer fue de nuevo la portavoz de la Junta, Mar Moreno, la encargada de exteriorizar otro enfado del Gobierno. Esta vez ha sido por el auto conocido el martes y en el que la jueza pide información a la Junta sobre posibles autorizaciones de Griñán cuando era consejero de Economía y Hacienda (2004-2009) de las ayudas a 21 empresas investigadas por su relación con la trama de los ERE. La Junta sostiene que la juez pide esta información por dar curso a una diligencia del PP «sin fundamento jurídico» porque Griñán «no autorizó ni tenía que autorizar» dichas subvenciones.

Este auto ha colocado a Griñán ante la opinión pública y a cinco días de las elecciones como sospechoso de responsabilidad en el fraude de las prejubilaciones falsas y ayudas presuntamente ilícitas a empresas. Aunque la jueza no lo señala de esta forma, el presidente del PP-A, Javier Arenas, observó ayer en el auto una «implicación directísima» de Griñán en el caso.

Recurso

Es lo que hizo saltar las chispas en el PSOE y en San Telmo. Moreno anunció en una comparecencia amediodía que el Gobierno andaluz presentará un recurso para que la juez reforme el auto. La portavoz del Gobierno midió bastante sus palabras, pero no pudo reprimir ese malestar e incluso lo admitió expresamente. Recordó que la jueza inquiere esta información como respuesta a una diligencia del PP (parte acusadora lo mismo que la Junta), que sostiene que el titular de Hacienda debe autorizar las ayudas sociolaborales que tramita IDEA de más de 1,2 millones de euros antes de ratificarlas el Consejo de Gobierno según sus estatutos.

Mar Moreno leyó la norma en cuestión, en la que se dice que es el consejo rector de la agencia la responsable de autorizar las subvenciones. El titular de Hacienda sí tiene que sancionar las operaciones de endeudamiento de las agencias públicas, pero en este caso, y aunque la jueza habla de «endeudamiento» en su petición de datos sobre Griñán, lo cierto es que a continuación detalla las 21 empresas investigadas. Estas recibieron subvenciones sociolaborales. Por tanto, según la Junta, no tuvieron que ser autorizadas por Hacienda.

La consejera calificó de «error de bulto» en la instrucción de la jueza el que esta dé curso a una petición del PP «sin fundamento jurídico». Este es el principal lamento del Gobierno andaluz, que Alayano examinara debidamente la diligencia del PP y que, voluntariamente o no, haya dado pie al partido de Arenas a lograr su objetivo político: erosionar la imagen del presidente. «Los jueces tienen que ser conscientes de los impactos que tienen sus decisiones», dijo.

Por ello, Moreno pidió «mesura» a la magistrada. «Es deseable una mayor cautela de los tribunales», dijo la consejera, quien lamentó que el presidente de la Junta esté «sufriendo una erosión gratuita». Respecto a si considera que la jueza puede haber incurrido en prevaricación, Mar Moreno lo rechazó tajantemente. La Junta tampoco podrá recusar a Mercedes Alaya ya que no es parte imputada.

El auto sirvió para que PP y PSOE se cruzaran duras acusaciones en el fragor de la campaña electoral. La secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, anunció una posible demanda civil contra Javier Arenas por implicar a Griñán y Chaves. «Lo único que pretende Arenas, que está acostumbrado a actuar como un inquisidor, es dar el veredicto con argumentos falsos antes de que la jueza termine el procedimiento», dijo según Europa Press. La portavoz del PP, Rosario Soto, acusó a Griñán «no solo de no asumir sus responsabilidades, si no de tratar de taparlas», según Efe.

Preguntada por la petición que la jueza también hace al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, sobre el ERE en Minas Riotinto, Soto respondió: «Lo que investiga la Justicia es una trama de ayudas ilegales en torno al PSOE y a la Junta. Todo lo que salga de ahí son disparates».