VIAJAR A ANDALUCÍA ES SALUDABLE

Los andaluces seguimos siendo los españoles a los que más trabajo nos cuesta hacer las maletas para emprender un viaje más allá de las fronteras de nuestra comunidad autónoma. Razones de índole económico, pero también culturales y de maneras diferentes de entender el ocio, están detrás de estos datos.

Los vuelos 'low cost', el uso de Internet y esta nueva moda de «ponga un crucero en su vida» han revolucionado la modalidad de las vacaciones. Si bien a todos los viajes los envuelve un halo de placer, el destino puede jugarnos una mala pasada. Una enfermedad o un accidente banal pueden aguarnos la tan desea experiencia viajera.

En estos momentos de crisis, y con un Sistema Nacional de Salud (Ley General de Sanidad de 1986) fragmentado por comunidades, ya ha saltado la alarma. Cataluña y la Comunidad Valenciana niegan recetas a enfermos crónicos y el acceso a especialistas a pacientes desplazados de otras comunidades. Los catalanes, muy dados a calcularlo todo, cifran en 80 millones el gasto adicional por atender a pacientes de otras partes del territorio español. ¿En cuánto puede cifrar Andalucía lo que nos cuesta atender a ciudadanos de otras regiones? ¿Y de otros países de la Unión Europea?

Una Comunidad Autónoma como la nuestra eminentemente turística y que recibe anualmente más de 30 millones de visitantes, de los cuales casi un tercio son nacionales, debe detraer muchos recursos para atender a tanta población flotante. En el caso de los turistas comunitarios existe un Fondo de Cohesión regulado que compensa la atención sanitaria prestada a los no nacionales. A la hora de hacer balance de esta atención sanitaria a desplazados Andalucía vuelve a salir perdiendo. Son más los ciudadanos de otras regiones los que son atendidos en igualdad de condiciones por nuestro sistema sanitario que andaluces lo son por los de otras regiones.

La solución pasaría por establecer un sistema similar al que existe entre los países de la Unión Europea, pero referido a nuestras comunidades autónomas. De esa manera se evitaría ese trato discriminatorio y anticonstitucional ocurrido en Cataluña y Valencia: «no se dan citas para especialistas a desplazados».