«La política de vivienda del PSOE ha sido un fiasco que está provocando muchos dramas familiares»

El candidato del PP al Congreso, Aurelio Romero, considera sorprendente que los responsables directos de la situación de paro y de fracaso de las políticas de vivienda, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, y la secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, visiten Jerez estos días con motivo de la campaña electoral, como si nada tuvieran que explicar a los jerezanos de la que ha sido la más nefasta de las legislaturas.

Para Romero, las promesas que ‘venden’ los socialistas en Jerez no se las puede creer nadie, porque su credibilidad es cero. “Ni en empleo, porque son los artífices de los cinco millones de parados de España y los 33.000 de Jerez, ni en política de vivienda, ya que el PSOE no ha logrado ninguno de los objetivos marcados en las políticas de vivienda: ni ha mejorado el acceso a la vivienda, ni el incremento de construcción de VPO, ni el fomento del alquiler y rehabilitación. La política de vivienda del PSOE ha sido un fiasco que está dañando a millones de españoles y provocando muchos dramas familiares”.

Romero ha recordado que el Gobierno del PSOE creó un Ministerio vacío de competencias, cuya titular es la actual secretaria de Estado de Vivienda que hoy ha visitado Jerez, para luego suprimirlo en octubre 2010, “por lo que se trató simple y llanamente de una mera herramienta de marketing”.

“A eso se le sumó –ha añadido- una política fiscal incoherente, que se dedicó a dar bandazos en los impuestos para la compra de vivienda a destiempo. Subió el IVA del 7 al 8% el julio de 2010”.

Romero también ha señalado que el PSOE eliminó la deducción por vivienda habitual en el IRPF en diciembre de 2010 (para rentas superiores a 24.107,20 euros), lo que supone 1.300 euros al año para una familia media.

Para los populares, el gobierno del PSOE ha dejado desasistidas a las familias con problemas. Los datos son escalofriantes: Las ejecuciones hipotecarias han pasado de 17.600 (2006) a 93.636 (2010), según el Consejo General del Poder Judicial. Y en el segundo trimestre de 2011 han alcanzado las 20.505. Mientras que los desahucios han alcanzado un nuevo récord en el segundo trimestre de 2011 alcanzado los 16.464 un 21.6% más que el año respecto al mismo periodo de 2010.

Medidas

Ante esta tesitura, el PP presenta un programa de gobierno con una serie de medidas concretas en política de vivienda. “El gobierno de Mariano Rajoy impulsará una política que mejore los niveles de accesibilidad a la vivienda y que proporcione los incentivos adecuados para poner en valor el actual stock de viviendas, tanto mediante la reactivación de las compraventas como a través de un mercado de alquiler más amplio y profundo. Así podrá recuperarse un sector de la construcción convenientemente dimensionado y en el que la rehabilitación y la regeneración urbana asumirán un mayor protagonismo”, ha comentado el candidato al Congreso.

Romero ha explicado además que “proporcionaremos seguridad jurídica a los contratos de alquiler, introduciendo agilidad en los procedimientos de resolución de conflictos y una mayor flexibilidad. Un mercado de alquiler más dinámico y una fiscalidad de la vivienda más adecuada incentivarán la movilidad laboral y que los jóvenes puedan independizarse y asumir nuevas r en las etapas iniciales de su carrera profesional”.

El PP fomentará, asimismo, que los planes de vivienda protegida se enfoquen hacia las personas y familias con mayores dificultades objetivas de acceso a la vivienda a través del impulso del alquiler bonificado con opción de compra.

“Promoveremos una mayor transparencia e información en el mercado hipotecario –ha dicho Romero-, mayor independencia en las tasaciones inmobiliarias, así como una revisión de la legislación concursal para reforzar los mecanismos de quiebra personal como solución equilibrada y eficiente para los problemas de sobreendeudamiento y de ejecución hipotecaria”.

Otra de las bases del programa popular de vivienda concierne a la necesaria coordinación con el resto de administraciones públicas para erradicar la corrupción, “promoveremos una nueva etapa en la gestión urbanística que, desde el actual modelo de potestades públicas discrecionales y subjetivas, dé paso a un mecanismo de autorizaciones públicas objetivas y regladas para las transformaciones y cambios de uso del suelo, que erradiquen la corrupción. Esto permitirá una adaptación de la oferta de suelo más ágil y transparente”.