Los ayuntamientos preparan subidas de tasas para afrontar su asfixia

Bibliotecas que cierran, profesores de guarderías y escuelas infantiles que no cobran desde hace meses, piscinas y polideportivos clausurados porque no hay dinero para mantenerlos, calles y aceras sucias, prestación deficiente de servicios y cientos de facturas de proveedores pendientes de pago en los archivos municipales. Es la cruda realidad en muchos ayuntamientos a los que el estallido de la burbuja inmobiliaria ha dejado sin su principal fuente de financiación, muy endeudados y con equipamientos sobredimensionados e insostenibles. Los gestores locales agudizan el ingenio en busca de nuevos ingresos a la vez que exploran fórmulas para gastar menos.

La deuda viva municipal ascendía a 28.851 millones de euros a comienzos de este año, según el informe anual del Ministerio de Economía. Una cantidad astronómica que a mediados de 2011 se había elevado ya a 29.503 millones, según el resumen general de deuda de los entes territoriales del Banco de España, y que refleja un problema que José Luis Rodríguez Zapatero ya veía venir en mayo de 2010, cuando incluyó en su célebre decreto de recortes la prohibición a los ayuntamientos de pedir créditos a largo plazo hasta 2012.

El Ejecutivo suavizó después esa decisión por la presión de miles de alcaldes, que se quejaron de que la medida castigaba igual a los municipios derrochadores y a los saneados, y permitió recurrir al crédito a los municipios cuya deuda viva fuese inferior al 75% de sus ingresos corrientes. Ese 'perdón' excluyó a 310 consistorios, entre ellos algunos tan importantes como Madrid (cuya deuda equivale al 159,1% de sus ingresos), Málaga (127,1%), Zaragoza (115,3%), Ávila (111,4%), Valencia (106,6%), Córdoba (101,7%), Cádiz (82,8%), Santander (81,4%), Murcia (77,2%) o Santiago de Compostela (75,7%). El permiso para recurrir al crédito incluía una condición: el dinero captado solo puede ir destinado a inversiones, nunca a financiar gasto corriente.

Por si fuera poco, sobre los ayuntamientos pesa otra gran losa. La obligación de devolver al Estado en cinco años los 6.000 millones de euros correspondientes a anticipos a cuenta de 2008 y 2009, efectuados en función de unas previsiones de ingresos que no se cumplieron. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha pedido ampliar a diez años el plazo, pero el Gobierno no ha atendido su demanda. De ahí que los consistorios busquen fórmulas para sacar dinero incluso de debajo de las piedras.

Uso de bienes públicos

Fuentes de Hacienda señalan que la 'tasa' es ahora el concepto clave para los ayuntamientos. Dado que la normativa sobre tributos impide a los entes locales crear impuestos, los consistorios se aferran a las tasas, que permiten gravar el uso o aprovechamiento de un bien o servicio público. Bajo ese prisma, el uso del espacio público local ofrece infinitas posibilidades. «Ahí tienen (los ayuntamientos) mucho campo por explorar», subrayan las fuentes consultadas. A mucha mayor escala, el Círculo de Empresarios sugiere en su último documento de propuestas para la próxima legislatura «incrementar las tasas y precios públicos» que cobran todas las administraciones y generalizar su cobro por la prestación de servicios educativos y sanitarios.

A nivel local, entre las acciones que podrían ser objeto de gravamen destacan el aparcamiento en algunas zonas de los municipios (áreas centrales, cerca de los mercados o al lado de monumentos o atracciones turísticas); la instalación en la vía pública de cajeros automáticos o máquinas de 'vending' (dispensadoras de bebidas, sándwiches, frutos secos o golosinas) o la fijación de publicidad estática en las calles. La prohibición de fumar en lugares públicos ha abierto otro filón al multiplicar las terrazas en pueblos y ciudades y extender su uso a los meses de invierno. Ese aprovechamiento del espacio común para negocio también acarrea el pago de la correspondiente tasa.

Subidas de precios

Para cobrar por esos conceptos, muchos municipios, sobre todo pequeños, tendrán que crear tasas nuevas. A otros les bastará con subir sus cuantías. La ley dice que las tasas deben reflejar el coste real del servicio prestado, algo que los gestores locales dicen que ahora no se cumple. De ahí que los expertos, y en privado muchos alcaldes, auguren un encarecimiento de servicios como limpieza y recogida de basuras, tratamiento de residuos, saneamiento y abastecimiento de agua o el uso de locales e instalaciones municipales para actividades culturales o deportivas.

La expedición de documentos (como certificados de empadronamiento o determinadas licencias) podría erigirse también en fuente de recursos.

También hay mucho que hacer por el lado del recorte del gasto. Albert Ferrá, profesor de Economía de Esade, sugiere profundizar en materia de «cooperación interterritorial». Su tesis es que en un país formado por miles de pueblos, en su mayoría muy pequeños, habría que buscar «sinergias territoriales», que permitan disfrutar de un buen equipamiento «supramunicipal», es decir, no de uso exclusivo para un ayuntamiento. Escuelas, polideportivos, residencias o centros cívicos son infraestructuras que podrían compartirse, además de servicios como la limpieza, el transporte escolar o determinados servicios sociales.

El profesor Ferrá subraya que «el coste de tener lo mismo para 3.000 habitantes que para 40.000 es muy alto». Asimismo, propone reducir inversiones y «ponerse el gorro de la eficiencia» a la hora de gastar. Mientras llegan tiempos mejores, las dificultades persisten.

El Ministerio de Economía anunció el 10 de octubre pasado que suspendía los pagos a 1.022 ayuntamientos correspondientes a su participación en los ingresos del Estado, por incumplir la obligación legal de presentar las liquidaciones de sus presupuestos de 2010. En noviembre el panorama había mejorado y la cifra de municipios 'castigados' había descencido ya a tan solo 741 localidades.