Casi la mitad de las prestaciones de la Ley de Dependencia son aún económicas

El desarrollo de la Ley de Dependencia, la máxima expresión del estado del bienestar hasta el momento, tiene aún por delante un largo camino. Poco a poco se avanza en servicios en detrimento de las ayudas económicas, pero las pequeñas pagas continúan siendo mayoritarias. Y la crisis no ha hecho otra cosa que afianzarlas. En Cádiz suponen casi la mitad del total de las prestaciones concedidas. Según los datos actualizados aportados por la Consejería de Igualdad, algo más de 18.000 son de este tipo.

En muchas ocasiones este recurso es el que resulta más útil para muchas familias, reacias por tradición a llevar a sus mayores a residencias o centros de día, y aferradas a cualquier ingreso que pueda entrar en casa. Ahora cuando crece el número de hogares con todos sus miembros en paro, la pensión del anciano y una prestación extra sirven para tirar durante algún tiempo.

Ése no es el objetivo de la ley, de hecho, en los últimos años se ha trabajado por dar un giro hacia la red de servicios. Hasta ahora la concesión de ayudas era el recurso más fácil para la Administración, sin embargo, pretende dar un giro a la aplicación de la norma. Según los datos de la Junta un total de 27.311 personas son beneficiarias de la ley y tienen ya concedidas 36.805 prestaciones. Entre los servicios más demandados se encuentra el de ayuda a domicilio, que llega a 4.960 dependientes; la teleasistencia, a 8.964 y los servicios de residencias de ancianos y centros de estancia diurna, de los que se benefician casi 4.000.

Recursos

Precisamente el recurso de residencia es uno de los más caros y más difíciles de acceder. La demanda no termina de ser lo suficientemente alta como para una ampliación extensiva de la red. Sin embargo, la crisis ha dificultado el concierto de plazas con casos tan sonados como el de la residencia de San Juan de Dios en Cádiz, que gestiona la empresa Gerón y que pasó varios meses de espera hasta que recibió autorización para las primeras plazas conveniadas.

Las cuantías máximas de las prestaciones económicas son para una persona con grado de dependencia III y nivel 2 -los llamados grandes dependientes que necesitan ayuda para todas las necesidades básicas-. Perciben un máximo de 833,96 euros al mes en las prestaciones vinculadas al servicio, de 520,69 para los cuidadores familiares y de 833,96 para la prestación de asistencia personal. Y solo por dar una idea de la situación en la provincia. En estos cuatro años se vigencia de la ley, se ha valorado con ese dictamen a un total de 14.144. Se trata de uno de los más numerosos, solo por detrás de los de grado II -que necesitan ayuda solo para algunas necesidades básicas- en los que se encuadran 16.823 gaditanos. De grado I hay 13.888 y otros 8.684 han sido valorados sin grado.

En el resto de Andalucía, el número de beneficiarios asciende a 192.718, el más numeroso de toda España. El 44% de ellos perciben prestación económica, el resto tienen un servicio asignado.

A lo largo de estos años también se ha profesionalizado el cuidado de las personas en situación de dependencia. En toda la región se han formado más de 28.0000 andaluces, de los que 3.113 son gaditanos.