Dos de cada tres ayuntamientos gaditanos acumulan retrasos en la ayuda a domicilio

Las expectativas de empleo que traía consigo la Ley de Dependencia comienzan a caer en saco roto. Ni se conciertan tanta plazas de residencia como se planteó ni el trabajo de otras prestaciones como la ayuda a domicilio es de calidad. Las dificultades económicas de las administraciones comienzan a hacer mella en los servicios con un aumento de los retrasos en el abono de las nóminas. Las empresas adjudicatarias tienen pendientes un buen fajo de facturas impagadas y crecen las dificultades para liquidar los salarios a los trabajadores.

Ése es el caso de más de la mitad de los consistorios gaditanos. En torno a dos de cada tres tiene problemas para reembolsar el servicio a pesar de que la Junta ajustó los pagos para ejercer un mayor control. Hasta el año pasado ayuntamientos y diputaciones percibían el importe para gestionar la ayuda a domicilio cada seis meses, pero gestionar ese presupuesto provocaba desajustes, por lo que se optó por abonarlo cada dos.

De esta manera, las corporaciones reciben el importe de forma escalonada, aunque no siempre se destina a liquidar a las empresas. «El dinero se ingresa en la caja única y se utiliza para lo más urgente, que no siempre son estas empresas», señala Guillermo López, secretario de Sanidad de la Federación de Servicios Públicos de UGT Cádiz. Según explica «son los grandes municipios los que tienen más retrasos, ya que la Diputación suele ser más cumplidora».

Recalca que «el caso más sangrante» es el de Jerez, que llevan meses pendientes del pago. Acasa es la empresa adjudicataria del servicio y sus trabajadores se movilizan desde hace meses. El Ayuntamiento adeuda a la compañía en torno a 1,7 millones de euros. Mucho más abultada es la factura pendiente del Consistorio gaditano. Supera los 2,7 millones y la concesionaria Sarquavitae, ya ha tenido un aviso de huelga por parte de su plantilla ante el retraso de la última nómina. Finalmente fue desconvocada tras producirse el ingreso de los salarios hace apenas unos días.

«Por lo general, las empresas más solventes sobrellevan mejor la situación, pero los retrasos y la situación financiera de las administraciones siembran la incertidumbre», señala el dirigente sindical. Los trabajadores de este servicio tienen uno de los convenios más bajos, que no se cumple en la mayoría de los casos, y cobran una media de 500 ó 600 euros mensuales. Los que están a jornada completa llegan a los 850, pero son los menos. Explica Guillermo López que cada municipio tiene su propia circunstancia, pero los retrasos son generalizados.

En los últimos años el servicio se ha extendido y las plantillas han aumentado. En Jerez superan los 300 trabajadores, en Cádiz son alrededor de 250 y en El Puerto y Sanlúcar se acercan al centenar. «Eso ya da idea de la importancia de este colectivo, que tiene condiciones muy precarias», señala Encarnación Gómez, secretaria general de Actividades Diversas de CC OO Cádiz.

Según explica, la Diputación gestiona el servicio de 25 municipios a través de un pliego de condiciones que lo reparte entre cuatro empresas principales. Se trata de Claros, que se encarga de las localidades de la Sierra; Gerisol, que se hace cargo de la Janda; Acasa, dedicada al Campo de Gibraltar y finalmente Clece, que sume el servicio en la Costa Noroeste.

«Todas, a excepción de ésta última, se retrasan en los pagos a sus trabajadores casi cada mes», aclaró la responsable sindical. Otra cosa son los ayuntamientos mayores. Según los datos aportados por Gómez, tanto Barbate como Conil deben al menos un mes, mientras que El Puerto acaba de ponerse al día, pero tras ingresar la nómina de septiembre el pasado 20 de octubre. «Eso viene siendo lo habitual», señala.

Además de la falta de liquidez de las administraciones, la responsable sindical de CC OO denuncia también la presión que ejercen las empresas sobre sus trabajadores, «que se encuentran al límite». Explica que este problema de retrasos ha sido una constante desde que entró en vigor la norma, por eso se adjudicaron los servicios a compañías solventes y es ahora es cuando comienzan a dejar de pagar nóminas para exigir el pago antes. Gómez criticó que se utilice a los trabajadores como arma de presión contra las administraciones.