LAS FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS 300, una cifra incómoda

Capilla ardiente en el Palacio de la Almudaina. Ante los dos féretros, y desde la sima de su dolor, Antonio Salvá ya supo que la justicia era la exigencia irrenunciable. ¿Perdón? ¿Reconocimiento del daño causado? ¿Por parte de quién, cómo y para qué? Las palabras pueden ser una impostura, no tienen consistencia; las sentencias, sí. El padre del joven guardia civil Diego Salvá miró los ataúdes de su hijo y de Carlos Sáenz de Tejada, envueltos en la bandera nacional, y se dijo que en ese sudario patriótico tenía que haber una necesaria contrapartida: la de que los asesinos fueran detenidos, juzgados y encarcelados. Sin embargo, han pasado dos años y su espera ha sido, por ahora, estéril. Los etarras autores del último atentado mortal de ETA en España, perpetrado en la localidad mallorquina de Calvià en agosto de 2009, aún no han sido identificados. Y ahora el comunicado de la banda de «fin definitivo de la violencia» proyecta inevitablemente sobre las víctimas la sombra de una posible impunidad de los crímenes sin resolver, de ese aterrador cómputo de trescientos asesinatos etarras en los que no se ha hecho justicia.

Son un tercio del total, sin contar con otros muchos ataques que causaron heridos. No es que se espere un inasumible borrón y cuenta nueva global sobre estos casos, pero sí se teme que se levante el pie del acelerador de la investigación policial y judicial, como inconfesada e inconfesable moneda de cambio de la «paz». Antonio lamenta que «ni siquiera tengo elementos de juicio sobre la marcha de la investigación, porque no se nos informa. Trato de evitar pensar que estamos ante la rendición del Estado de Derecho, pero me asaltan las dudas».

Como los Salvà, más de trescientas familias claman para que no se baje la guardia, aunque muchas ya hayan perdido definitivamente la esperanza. María Jesús González, la madre de Irene Villa, trata de superar el desaliento. Quiso una siniestra casualidad que la turbia reunión internacional en el palacio de Ayete, con el ampuloso envoltorio de la presencia de Kofi Annan, coincidiera con la mismísima fecha de prescripción definitiva del salvaje atentado que en 1991 dio un vuelco traumático a su vida.

Avalada por su ejemplar actitud ante la vida (sonrisa perenne y empatía con el prójimo, pese a lo que le ha tocado sufrir), desacredita las supuestas buenas intenciones de ese aquelarre disfrazado de diplomacia, «una pantomima -dice- que, tristemente, ha hecho creer fuera de España que ha habido un 'conflicto', en vez del azote de una banda terrorista». Ya considera definitiva la impunidad de los criminales que, con una bomba activada con temporizador, le segaron un brazo y una pierna, y las dos piernas a su niña de doce años: «Es que esa indefensión viene ya de origen. Ni siquiera hubo toma de huellas en el lugar del atentado. Todo lo que existe de nuestro caso es una carpeta vacía».

Euforia falaz

Los crímenes sin resolver de ETA son la gran asignatura pendiente del Estado de Derecho. Nunca la Administración ha hecho balance de ese agujero negro, y fueron las propias víctimas las que se movilizaron para evaluarlo. Calcularon 330 crímenes impunes, número que ha ido descendiendo en goteo por la captura de etarras en los últimos tiempos, la celebración de juicios pendientes y la comprobación de que faltaban datos de algunas condenas. Pero, aun redondeando en 300, sigue siendo una proporción inasumible.

Teresa Díaz Bada, hija del superintendente de la Ertzainzta Carlos Díaz Arcocha, asesinado en 1985, ha puesto en pie el Foro contra la Impunidad en el País Vasco. Con el mérito añadido de que alza su voz desde San Sebastián, donde reside y donde padece día a día el negacionismo de Bildu. Para ella, «con el reciente anuncio de ETA me dolieron tantas demostraciones de alegría, tanta euforia, sin que nadie se hiciera eco de lo repugnante del contenido del propio comunicado. Por no hablar de las prisas de algunos en empezar a hablar de medidas de gracia. Sigo confiando en el estado de derecho, pero tengo que hacer un gran esfuerzo».

Idéntico discurso enarbola la familia de Manuel Giménez Abad, el dirigente aragonés del PP asesinado en 2001 sin que nadie haya sido aún condenado por ello. Su hijo Manuel Giménez Larraz apunta que tras el comunicado no puede evitar la incertidumbre sobre si se mantendrá la presión judicial, policial y política sobre los terroristas. Y le preocupa, porque «cuando te lo han arrebatado todo lo único que te queda es que se haga justicia».

En los casos de esta última década aún está abierta la posibilidad de actuación judicial, de reparación, algo que ya no se ve factible para los de los 'años de plomo', en la década de los ochenta. Bien lo sabe Ana María Vidal-Abarca, fundadora de la AVT. Tras el asesinato en 1980 de su esposo Jesús Velasco, comandante del Ejército y jefe del cuerpo de Miñones de Álava, quedó viuda con cuatro hijas pequeñas. Ana Velasco, la primogénita, pone hoy voz al clamor de la familia: «Dos personas involucradas en el asesinato de mi padre no han sido ni van a ser juzgadas. El primero es Lorenzo Ayestarán. Lo detuvieron en Francia en 2010 después de pasar 26 años en Venezuela. Cuando lo detuvieron y nos interesamos por su situación con respecto al asesinato de mi padre -del que fue autor material de los disparos- descubrimos que no le habían procesado a pesar de las declaraciones inculpatorias de otros etarras, testigos y de otras pruebas existentes. El segundo es Ignacio Miguel García Arregui, 'Iñaki de Rentería'. En marzo de 2009, la Fiscalía pidió para él 27 años, pero en noviembre el juez archivó el caso por prescripción, a pesar de que cuando fue detenido no había transcurrido el plazo legal para dicha prescripción».