ESPAÑA

Urdangarin: «Defenderé mi honorabilidad e inocencia»

El duque de Palma asegura que se pronunciará sobre su situación una vez que se levante el secreto de sumario

MADRID. Actualizado: Guardar
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El duque de Palma, Iñaki Urdangarín, emitió ayer un comunicado en el que aseguró que defenderá su «honorabilidad e inocencia» en relación con su gestión al frente del Instituto Nóos, por la que está siendo investigado. «Cuando conozca los pormenores de las diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, que en este momento son formalmente secretas, podré pronunciarme sobre su contenido», dijo Urdangarín. El duque de Palma agregó que defenderá su «honorabilidad e inocencia en este asunto desde la convicción de que mi actuación profesional ha sido siempre correcta».

Anticorrupción investiga el supuesto desvío de dinero por parte de Urdangarín y su socio Diego Torres, que, según el fiscal, montaron un «entramado societario» para «apoderarse» de fondos públicos que recibía el Instituto Nóos, una entidad fundada en 1999 sin ánimo de lucro. La Fiscalía no tiene previsto solicitar de momento al juez instructor que cite a declarar como imputado al duque de Palma.

'Operación Babel'

El expresidente balear Jaume Matas quiere que sea la Audiencia Nacional la que se haga cargo de la 'operación Babel', la investigación sobre el supuesto desvío de parte de los 2,3 millones de euros de dinero público que el Ejecutivo de las islas pagó por la organización de un foro deportivo al Instituto Nóos, que por entonces presidía Urdangarin. El letrado de Matas -el principal imputado del 'caso Palma Arena', del que deriva a su vez la 'operación Babel'- en su escrito presentado ayer en el tribunal de la calle Génova justifica su petición de que las investigaciones se centralicen en Madrid porque los negocios bajo sospecha del Instituto Nóos y de las otras empresas participadas por el socio de Urdangarin, Diego Torres, se extienden ya a otras autonomías, como la Comunidad Valenciana y Cataluña, ya que los gobiernos de ambas comunidades cerraron en su momento convenios con ese entramado empresarial.

El abogado Antonio Alberca defiende que el actual magistrado del caso, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, se inhiba a favor de la Audiencia Nacional porque él mismo, en el auto que dictó el pasado 7 de noviembre para autorizar los registros de las empresas vinculadas al yerno del rey y a su socio, señalaba que entre los organismos públicos investigados estaban la Fundación de Turismo de Valencia, la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de la capital del Turia y la Generalitat de Cataluña.

El letrado invoca el artículo 65. 1. C de la ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que la Audiencia Nacional será la competente para investigar las «defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan (... ) perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia».

La defensa de Matas también incluye informaciones periodísticas que apuntan a que la trama urdida supuestamente por Torres pudo también evadir dinero a Belice a través de una de sus sociedades pantallas, De Goes Center Foto Stakeholder Management, un ilícito cuya instrucción igualmente podría corresponder a la Audiencia Nacional.

Legales

Entre tanto, en Valencia, la comunidad, tras Baleares, más salpicada por los negocios de la red empresarial que investiga el juez Castro, el Gobierno autonómico defendió la legalidad de los contratos firmados por Francisco Camps con Noos y que también están bajo la lupa del instructor, que esta semana ha reclamado copia de todos aquellos convenios. Se trata de un concurso por valor de tres millones de euros otorgado a esa fundación para la «promoción de la candidatura de la Comunidad Valenciana como sede de la primera edición de los Juegos Europeos» (un evento que jamás llegó a hacerse) y la celebración de 'Valencia Summit', tres reuniones internacionales de expertos en la gestión de acontecimientos deportivos, por los que la fundación que presidió el duque de Palma recibió 1.350.000 euros.