La Fiscalía estudia si el Supremo debe investigar a Blanco

La Fiscalía del Tribunal Supremo ya tiene en su poder la documentación enviada por la juez de Lugo Estela San José, instructora del 'caso Campeón', sobre la supuesta implicación del ministro de Fomento, José Blanco, en la trama de corrupción. La Sala Segunda del alto tribunal ha solicitado al Ministerio Público que informe si debe admitir la causa para comenzar la tramitación del proceso. La decisión no se conocerá hasta después de las elecciones generales del 20 de noviembre para no interferir en la campaña, según fuentes judiciales.

La remisión de los documentos al teniente fiscal del Supremo, Juan José Martín-Casallo, es un trámite consultivo imprescindible antes de comenzar la investigación de cualquier causa penal. En principio, tendría que haberse encargado del caso el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en su condición de máximo responsable de la Fiscalía ante el Supremo, pero decidió abstenerse el martes por su «amistad íntima» con Blanco.

En todo caso, la decisión final que adopte el Ministerio Público no es vinculante; es decir, en caso de que no aprecie indicios suficientes para admitir el caso la Sala de lo Penal tendrá la última palabra. Ya ocurrió, por ejemplo, con los tres procesos que se siguen contra el juez Baltasar Garzón en el Supremo, en los que la Fiscalía rechazó abrir una investigación y los cinco magistrados que componen la sala opinaron lo contrario.

Si se repite este escenario, el siguiente paso será que la Sala de lo Penal del Supremo abra una causa penal contra Blanco y nombre a un magistrado para que instruya el proceso. Un paso en el que el ministro ya estaría formalmente imputado. En el otro supuesto posible, que ni el fiscal ni la sala vean indicios delictivos para investigar, el caso volvería a la juez de Lugo para que continuase con sus indagaciones y concrete las imputaciones contra Blanco en el supuesto de que aparezcan hechos penalmente punibles.

Dorribo

De momento, las acusaciones contra el ministro parten del empresario farmacéutico Jorge Dorribo, imputado en el proceso. El propietario de los laboratorios Nupel implicó a Blanco en el cobro de comisiones irregulares a cambio de interceder a su favor para la concesión de subvenciones públicas. Dorribo también involucró en la trama a dos diputados autonómicos gallegos, el popular Pablo Cobián y el miembro del BNG Fernando Blanco, quienes presentaron su dimisión tras la publicación de estas informaciones.

En Lugo, la causa que sigue la juez Estela San José, en la que ya han sido detenidos 15 personas por delitos de cohecho y tráfico de influencias, sigue su curso. De momento, la magistrada mantiene el secreto de sumario de las actuaciones al menos hasta finales de noviembre, también hasta que pasen las elecciones generales.

El pasado jueves, la juez San José volvió a tomar declaración a Dorribo, que estuvo acompañado de su abogado, Ignacio Peláez.