Ecologistas piden la dimisión de la delegada de Medio Ambiente

Nueva confrontación entre Ecologistas en Acción y la Delegación Provincial de Medio Ambiente en lo que a la gestión del Parque Natural de Grazalema se refiere. Los primeros han denunciado que, desde hace más de dos años, se están construyendo pistas forestales junto al famoso Pinsapar, en las fincas de El Navazo, Breña del Agua y Rancho del Moro, mientras que «la Consejería no tramita las denuncias y se niega a dar explicaciones», destaca el portavoz del colectivo en la provincia, Juan Clavero.

Desde la organización aseguran que esta construcción ha provocado un «desastre medioambiental» y se han destruido uno de los mejores bosques de encinas y quejigos para favorecer la caza mayor. Añadiendo que los proyectos incumplen el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), aunque han sido aprobados por la delegada provincial, Silvia López, y el director conservador del Parque. Por lo que han pedido la dimisión de López y la del director del Parque.

Estas circunstancias se han puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo Andaluz, quien ahora ha solicitado información a Medio Ambiente. Los ecologistas destacan que nunca se han paralizado las obras ni se han anulado las autorizaciones y «tan solo se han abierto dos expedientes por causas menores: no pedir autorización para ocupar una vía pecuaria y no tener autorización de la Agencia Andaluza del Agua para realizar obras en cauce público».

Desde la Delegación Provincial han asegurado que todo «forma parte de una campaña de acoso y derribo a la que nos quiere someter Clavero, con acusaciones tan graves como las de cometer delitos de falsedad documental y prevaricación», considerando «intolerables este tipo de acusaciones».

En cuanto a la denuncia, aseguran que es «absolutamente falso» que se haya provocado un desastre ambiental y recuerdan que las pistas forestales fueron autorizadas aplicando la normativa ambiental existente y que aquellas que no han seguido los condicionantes ambientales han sido sancionadas, con multas de hasta 40.000 euros y la obligación de restaurar el terreno, o están en proceso de sanción.

Sin falsear

Por último, se desmiente tajantemente que se haya falseado documentación y aseguran que algunas de las afirmaciones de Clavero magnifican el impacto ambiental de las obras, incurriendo en algunos casos en errores graves, y en otros «aporta valoraciones subjetivas como hechos ciertos, y sin duda haciendo un uso del lenguaje en el que se presentan continuamente las actuaciones de esta Delegación Provincial y sus funcionarios como viciadas y con intenciones ocultas», destacan desde la Delegación.