Pilar Sánchez, «tranquila» porque cree que el caso de los asesores se archivará

«Tranquila». Así se mostró ayer la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, por el devenir del caso de los asesores del que la socialista cree que solo avanzará para demostrar que las tesis que ella siempre ha defendido eran correctas y no existe ninguna irregularidad en la contratación de casi una treintena de personas durante el tiempo que ella estuvo al frente del Ayuntamiento de Jerez.

Ésa fue la reacción ayer de Sánchez después de conocerse que la magistrada del Juzgado de Instrucción número tres de Jerez ha dictado un auto por el que da traslado al Ministerio Fiscal de esta causa en la que, además de la exprimera edil, finalmente están imputados cinco compañeros de partido que fueron contratados por la administración local y una sexta persona encargada del Servicio Jerezano de Inserción Laboral (Serjil).

A este respecto, la todavía secretaria general del PSOE mostró ayer «plena confianza» en que «la última palabra» de la justicia demostrará que su gestión al frente del Ayuntamiento se ajustó en todo momento «a la legalidad».

Además, a través de un comunicado, Sánchez también anunció su intención de recurrir el auto judicial que le imputa presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental. No en vano, la exregidora advierte en todo momento de que la resolución judicial «no es firme» y está convencida de que la justicia va a «confirmar plenamente» la legalidad de su gestión.

En esta misma línea, y según fuentes del entorno de la exregidora a las que ha tenido acceso este medio, la exprimera edil también se muestra convencida de que lo más probable es que la causa finalmente se archive, sobre todo porque las posibles irregularidades en las cinco únicas contrataciones en las que la jueza ha podido ver indicio de delito (realizadas entre 2005 y 2007) podrían haber prescrito.

Sánchez no quiso dejar pasar ayer la oportunidad de mostrar su satisfacción por el hecho de que el auto de la magistrada dicte el sobreseimiento provisional y archivo de la causa por la contratación de otras personas vinculadas al partido como personal de confianza, entre los que se encuentra su propio marido, Juan Carlos Jiménez.

En este punto ahondaron ayer las fuentes del entorno de la exalcaldesa, que recordaron que de la denuncia inicial realizada por el líder del Foro Ciudadano, Pedro Pacheco, y que englobaba nada menos que un listado de alrededor de una treintena de contrataciones, se ha pasado a cinco imputaciones

Sea como fuere, y a tenor de que hace apenas unas semanas se supo que la Fiscalía pidió para su exsocio de gobierno 17 años y medio de cárcel y 28 de inhabilitación, Sánchez quiso dejar muy claro que este caso «nada tiene con otros publicados recientemente en relación con el caso asesores de Pedro Pacheco, basado este último no en la contratación de personal de confianza, sino en otra cosa muy distinta como es la existencia de pagos no justificados y sin procedimiento de contratación de clase alguna».

Ahora el Ministerio Fiscal tiene un plazo de diez días para solicitar la apertura de juicio oral contra la actual secretaria general del PSOE de Jerez.

El exalcalde recurrirá

Pese al triunfo que en principio podría atribuirse al exalcalde por esta noticia, fuentes de su entorno han señalado no obstante su intención de recurrir la decisión de la magistrada, ya que de la treintena de casos denunciados las imputaciones se han quedado finalmente en siete. Su objetivo sería por tanto que hubiera más imputaciones, siendo objetivo prioritario el marido de la exalcaldesa y exjefe de gabinete.

La pelota está ahora en el tejado del Ministerio Fiscal, que en diez días deberá pronunciarse y dar traslado a las acusaciones o, por el contrario, archivar la causa. En cualquier caso, el proceso es largo y complejo y el juicio a Pilar Sánchez no comenzaría en menos de un año, como ocurre en el caso de Pacheco.

En el auto de la jueza, se pone de manifiesto que de la investigación llevada a cabo se deducen indicios de que Pilar Sánchez, aprovechándose de sus facultades como alcaldesa, ordenó «la contratación de determinadas personas afines política o personalmente» sin que se cumplieran «los requisitos legalmente exigibles». Según la jueza, las supuestas irregularidades tienen su base en la «carencia de la capacitación necesaria en los nombrados» para realizar las funciones encomendadas o en la existencia de «posibles irregularidades en el procedimiento de selección», por lo que además se discriminó a otros candidatos.