Presupuestos y programas

Hoy se celebra el debate de totalidad del Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2012, con lo que comienza formalmente su tramitación parlamentaria, hasta su aprobación definitiva en el último pleno del año que se celebrará el próximo 22 de diciembre. Estamos ante uno de los debates políticos más importantes que se produce cada ejercicio, junto al de El Estado de la Comunidad, que tiene lugar al final del primer periodo de sesiones, en torno al mes de Junio.

En esta ocasión, coincide el inicio de este debate presupuestario con la campaña de las elecciones generales, por lo que resulta inevitable y hasta conveniente su mutua interferencia, dado que la elaboración de las cuentas públicas exige retratarse en la fijación de las prioridades políticas, económicas y sociales, contribuyendo a clarificar sustancialmente los proyectos políticos que solicitan el apoyo ciudadano en las urnas.

Conscientes de los riesgos electorales que puede acarrear la elaboración de los presupuestos públicos, los estrategas del PP han intentado sortearlos con un discurso errático, que va desde exigir a Zapatero que prorrogue los actuales, lo que condicionaría las prioridades programáticas del nuevo Gobierno de España que surja de las elecciones, a descalificar a Griñán por presentarlos en Andalucía, obviando que el actual Consejo de Gobierno posee la estabilidad y legitimidad suficientes para hacerlo y el próximo ejecutivo autonómico no estará en ejercicio hasta mediados de 2012.

Desde la perspectiva de que es más importante lo que se hace que lo que se dice, los presupuestos de las administraciones públicas son unas buenas referencias para sopesar el voto, especialmente en un escenario político dominado por la crisis económica y sus consecuencias en el desempleo y en el desequilibrio de las cuentas públicas. Las propuestas para la creación de empleo y para lograr el equilibrio presupuestario tienen que pasar 'la prueba del algodón', frente a la tentación electoralista de ofrecer los 'dos huevos duros' de propina.

Mecido por una cascada de encuestas favorables, que empuja a los impacientes a vender la piel del oso antes de cazarlo, el PP ha optado por una estrategia de siesta electoral, fiel reflejo de la actitud yacente de Rajoy, en la confianza de que la crisis ya les ha hecho la campaña y que cualquier cosa que digan sólo puede empañar lo que consideran como inevitable éxito.

Pero las responsabilidades de gobierno en ayuntamientos y comunidades autónomas les obligan a retratarse, a pesar de las consignas disuasorias de su dirección nacional, poniendo de manifiesto de forma descarnada cuáles son sus prioridades y la enorme distancia entre lo dicho y lo hecho.

Frente a la promesa de austeridad, constatamos que las instituciones más endeudadas son el ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Valenciana, ambas con gobiernos del PP.

En los discursos garantizan la solvencia y servicios públicos eficientes, mientras que donde gobiernan los privatizan para hacer caja, dejan de pagar a los proveedores, provocando la quiebra de multitud de pequeñas y medianas empresas, despiden a empleados públicos de la salud y la educación deteriorando su calidad y se niegan a aplicar la Ley de la Dependencia dejando sin atención a miles de ancianos y discapacitados.

Los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2012 suben un 1,2% y asumen un déficit del 1,3%, cumplen con la estabilidad fiscal sin desmantelar la red de servicios públicos esenciales, apostando por un mayor control de fraude fiscal, recurriendo al endeudamiento y elevando los impuestos a las rentas y patrimonios más elevados y al consumo de artículos de lujo como vehículos de alta gama, yates y motos náuticas.

Según los datos del Banco de España del segundo trimestre de 2011, el endeudamiento por habitante de Andalucía es de 1.610 euros, un 43% inferior a la medida de las comunidades autónomas, que está en 2.834, menos de la mitad que Valenciana y Cataluña y 7,6 puntos menos que Baleares.

El Gobierno andaluz realiza un ejercicio de coherencia, al pedir más esfuerzos a los que más tienen, con criterios de justicia y progresividad fiscal, para que el conjunto de los ciudadanos sigan accediendo a ayudas a las familias y a servicios como la educación, la sanidad o la atención a la dependencia.

Estamos ante unos presupuestos austeros, sin recortes sociales, con un endeudamiento por debajo de la media de las comunidades autónomas, que garantizan la estabilidad fiscal comprometida, apostando por la reactivación económica y la creación de empleo y manteniendo a Andalucía a la cabeza en materia de inversiones públicas.