El juez y la Policía ponen en su punto de mira los contratos de Camps con Urdangarín
El instructor reclama copia de la adjudicación por tres millones a Nóos de la promoción de los Juegos Europeos que nunca se celebraron
MADRID.Actualizado:No solo en Baleares. El juez del 'caso Palma Arena', José Castro, y la Policía Judicial también tienen en su punto de mira los millonarios contratos de la institución que presidió Uñaki Urdangarín con el Gobierno del expresidente Francisco Camps, muy en particular la adjudicación por parte de la Generalitat de un concurso por valor de tres millones de euros a esa fundación para la «promoción de la candidatura de la Comunitat Valenciana como sede la primera edición de los juegos europeos», un evento que jamás llegó a celebrarse y que nunca pasó del papel.
Efectivos de la Policía se personaron el lunes en las sedes de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) para reclamar copia de toda la documentación sobre los dos grandes contratos que en 2004 y 2005 el Gobierno que presidía por entonces Camps cerró con la Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada, fundación de la que fue presidente el esposo de la Infanta Cristina hasta junio de 2006.
El concurso de 2005 es el de los juegos europeos. Fue adjudicado en diciembre de aquel año a Nóos por la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana. Unos meses antes, en octubre de 2005, Camps y Urdangarín presentaron oficialmente la candidatura valenciana a esos juegos que debían celebrarse en 2010.
Según el acuerdo, Nóos debía diseñar y elaborar el dossier de la candidatura, presentar el proyecto a las instituciones olímpicas y deportivas españolas y europeas, crear una oficina técnica y contratar asesores para convencer a los 45 comités olímpicos europeos. El 5 de mayo de 2006, el Consell valenciano aceptó aumentar el «presupuesto de gastos» para cerrar el contrato con Nóos por valor de tres millones de euros. Pero el proyecto de los juegos quedó en nada. La 37ª Asamblea General de los comités olímpicos europeos rechazó en noviembre de 2007 la iniciativa.
Según informó ayer la Generalitat, al frustrarse el proyecto, solo se abonaron 382.000 euros a la fundación en concepto de «trabajos previos realizados».
El Gobierno valenciano aseguró que ese contrato fue fiscalizado por la Intervención General y que no se encontró ninguna irregularidad.
El segundo convenio que ha reclamado el juez Castro, que desde julio de 2010 mantiene una pieza secreta sobre las actividades de Nóos, es el firmado por Cacsa en 2004 para la celebración de 'Valencia Summit', tres reuniones internacionales de expertos en la gestión de acontecimientos deportivos. Cada uno de los tres años en los que estuvo vigente este convenio Nóos se embolsó 450.000 euros.
En total, de acuerdo con el Gobierno valenciano, el instituto que presidió el duque de Palma recibió 1.350.000 euros. La Generalitat sostiene que también esos contratos fueron supervisados por el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Cuentas sin encontrar ninguna irregularidad.
Aunque es la primera vez que la justicia se interesa por estos convenios, la polémica sobre los contratos a la empresa de Urdangarín no es nueva en la Comunidad Valenciana. La oposición ya preguntó en el Parlamento a Camps por las adjudicaciones a Nóos en noviembre de 2010. Ayer Izquierda Unida del País Valenciano (EUPV) registró varias solicitudes de documentación en las Cortes sobre las jornadas 'Valencia Summit'. Según EUPV, Nóos llegó a embolsarse por aquellos encuentros 3,5 millones, más del doble de lo que reconoce la Generalitat.
Interrogatorios
Los requerimientos al Ejecutivo valenciano coincidieron en el tiempo con la intervención de la Policía Nacional y el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, quienes el lunes registraron la sede Instituto Nóos en Barcelona en busca de documentos sobre el presunto desvío de 2,3 millones de euros por parte del Ejecutivo del expresidente balear Jaume Matas al instituto.
Ayer, Horrach y los expertos de Interior comenzaron a analizar la documentación incautada como paso previo al interrogatorio inminente de varios de los implicados. Anticorrupción quiere volver a hacer declarar a Diego Torres, quien fue vicepresidente del Nóos cuando el duque lo presidió y que luego se convirtió en el máximo responsable de la institución tras la salida de Urdangarín. Torres se enfrenta a cargos de malversación de fondos públicos y falsedad.