Conde-Pumpido se aparta del 'caso Campeón' por su amistad con Blanco

Cándido Conde-Pumpido no dirigirá a la Fiscalía en la 'operación Campeón', que investiga una supuesta trama corrupta en Galicia y a la que aparece vinculado el portavoz del Gobierno y ministro de Fomento, José Blanco. El fiscal general del Estado firmó un decreto aye con el que anuncia que se abstiene en este caso por su «relación de amistad» con Blanco.

La decisión de no intervenir para nada en la instrucción de este sumario a fin de no contaminarlo se produce poco después de que el pasado 31 de octubre la titular del Juzgado número 3 de Lugo, Estela San José, instructora del caso, enviara al Supremo una exposición razonada en la que informaba al alto tribunal de que veía indicios delictivos en la actuación del titular de Fomento y en la que pedía a los magistrados de Madrid que se hicieran cargo de la instrucción en lo que atiene a Blanco, ya que el ministro es aforado.

Según fuentes judiciales, entre los documentos que entraron en el Supremo están a las acusaciones que contra el número dos del PSOE hizo en sede judicial, Jorge Dorribo, principal imputado en este sumario en el que se investiga una trama para defraudar subvenciones públicas y conseguir contratos ventajosos de la administración.

Dorribo, de acuerdo a informaciones periodísticas, fue quien confesó ante San José que el mismo llegó a pagar 200.000 euros a Manuel Bran, primo del portavoz del Gobierno, como condición para que Blanco se reuniera con él. Según su versión, el empresario entregó esa cantidad en metálico al familiar del ministro momentos antes de que Blanco accediera a encontrarse con Bran el pasado 5 de febrero en el interior de su coche oficial en una gasolinera de la localidad lucense de Guitiriz. Según publicó el diario El Mundo, el empresario aseguró a la juez que el ministro le dijo: «Si te portas bien conmigo, yo me portaré bien contigo». El ministro, que admitió el encuentro en la gasolinera, reconoció que Dorribo le pidió entonces que hiciera gestiones ante el Ministerio de Sanidad, pero que jamás las hizo.

Siempre según el mismo periódico, conversaciones telefónicas y sms interceptados a Blanco también apuntarían la intervención del ministro en la concesión de una licencia para que el empresario José Antonio Orozco, vicepresidente de Azkar, construyera una nave en la localidad barcelonesa de Sant Boi de Llobregat.

Ahora será la Sala de Admisión de Causas Especiales del alto tribunal, la que se ocupa de los casos que afectan a aforados, la que decida si acepta o no la petición del juzgado de Lugo, algo que previsiblemente -y de acuerdo con una regla no escrita- no hará antes de los comicios del 20-N para no interferir el proceso electoral. La sala puede devolver el caso a San José para que prosiga con la investigación al considerar que las pruebas contra Blanco no son suficientemente contundentes o dar trámite a la petición al constatar que los indicios de delito contra el ministro son sólidos.

En esa segunda posibilidad el primer paso sería pedir informes a la Fiscalía. Y ahí surge el problema para Conde-Pumpido. Según el artículo 17 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el fiscal general del Estado es también jefe de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Para evitar esta posibilidad y posibles acusaciones de falta de imparcialidad, el fiscal general invocó ayer el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que «son causas de abstención y, en su caso, de recusación la amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes».

Tras el apartamiento de Conde-Pumpido, será el teniente fiscal del Supremo, Juan José Martín-Casallo, el que lleve la 'operación Campeón', en el supuesto de que el alto tribunal asuma la investigación.

Tras las elecciones

Blanco, entre tanto, insistió ayer en su inocencia. En declaraciones a Onda Cero, recordó que sigue sin tener «constancia oficial» de las acusaciones contra él (de hecho el Supremo no resolverá sobre su petición de personación hasta decidir si se queda con el caso). El ministro vaticinó que seguirá en una «situación de indefensión, como poco hasta después del 20-N», pero aseguró que pasadas las elecciones «volcaré todo mi empeño para que el peso de la ley caiga sobre todos aquellos que han vertido esas infamias», en referencia a las acusaciones de Dorribo.

También negó el supuesto tráfico de influencias para favorecer al empresario Orozco. «Como ministro, estoy en contacto con muchos empresarios. Es una empresa que tiene 6.000 empleados y que tenía un proyecto empresarial para hacer una inversión que dará trabajo a 400 personas. Mi obligación es interesarme en esos proyectos que sirven para crear puestos de trabajo, pero nunca he influido en un sentido u otro en la decisión que fuera a tomar el organismo correspondiente», explicó.