La jueza sustituye a los abogados concursales de Jale

La guerra que mantienen el propietario del grupo Jale, José Antonio López Esteras, con los tres administradores concursales que gestionan el proceso de suspensión de pagos que presentó la empresa en febrero de 2008 ha tenido sus consecuencias en el Juzgado de lo Mercantil. Su titular, Nuria Orellana, ha apartado del procedimiento a Tomás Torres, Alejandro Bengio y Daniel Pastor por los honorarios cobrados sin autorización judicial.

El propio Esteras solicitó el pasado septiembre al Juzgado de lo Mercantil de Cádiz el cese de los administradores concursales, así como la devolución de las cantidades cobradas. Esteras comentó entonces que se trataba de un «cobro indebido» y denunciaba que «los administradores han podido incurrir en administración desleal». Tres meses después de la denuncia, la jueza se ha pronunciado a través de un auto en el que sustituye a los tres abogados y ha nombrado a nuevos gestores del proceso al abogado Nicolás Molina, de la firma Pricewaterhouse, y auditores de la entidad Ernst & Young. Según la juez, los administradores nombrados en 2008 no han atendido a los requerimientos de reintegro a la masa activa de casi tres millones de euros cobrados «sin autorización judicial».

El propio López Esteras se mostró anoche muy satisfecho con la decisión judicial y confía en que los nuevos administradores «pongan orden en este asunto». Según Esteras, «es un dislate el que han provocado los tres abogados». Por su parte, el letrado Tomás Torres aclaró que todas las cantidades cobradas en concepto de honorarios por la gestión «fueron autorizadas por el propio Esteras».

El grupo Jale presentó concurso de acreedores en febrero de 2008. Las empresa inmobiliaria Amuerga SL y Jale Construcciones SAU se veían obligadas a buscar el amparo judicial ante la imposibilidad de atender a corto plazo sus compromisos de pago. La razón que daba la empresa para tomar esta medida no era otra que el «estancamiento del mercado inmobiliario, la desconfianza de las entidades financieras y el retraso en la aprobación de determinados proyectos inmobiliarios». En octubre de 2010, el juzgado ordenaba también que cuatro hoteles, propiedad de Jale, entraran a formar parte del concurso de acreedores. Era el caso del Incosol de Marbella, el Palacete Mirador de Córdoba y los hoteles Colón de Costa Ballena, en Rota, y Duques de Medinaceli, en El Puerto.

La jueza requiere a los administradores cesados que rindan cuentas de toda su actuación al nuevo equipo gestor.