Extraditan a la madre y al esposo de la niña mauritana obligada a casarse

El acuerdo suscrito el año pasado entre España y Mauritania, que suponía la extradición de dos ciudadanos mauritanos, condenados por violar a una menor en Puerto Real a la que obligaron a casarse, se materializó ayer cuando Hawa Mint Cheik y El Moctar Ould Abderrahmane viajaron hacia su país natal. Aunque reos por un delito de agresión sexual, este asunto se dio a conocer por el fuerte choque cultural y el testimonio desgarrador de la víctima, una joven natural de Puerto Real aunque de nacionalidad mauritana, a quien obligaron a casarse en su país natal cuando contaba solo con 14 años. Su esposo, un primo suyo casi treinta años mayor que ella, y su madre deberán cumplir ahora lo que les queda de condena en Mauritania.

Ambos procesados se encontraban la semana pasada en la cárcel de Botafuegos (Algeciras), desde allí fueron enviados a las prisiones madrileñas de Soto de Real y Valdemoro donde han vivido sus últimos días en un presidio español. Agentes de la Interpol se hicieron cargo del traslado ayer y ahora, en virtud de ese acuerdo de extradición, Hawa Mint Cheik y El Moctar Ould Abderrahmane deberán acabar de cumplir la pena de doce años que a los dos les impuso el Supremo tras revisar la sentencia, también condenatoria, dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz en 2009.

La denuncia formulada por la entonces menor en 2007, las detenciones de sus padres y su marido y las posteriores sentencias condenatorias generaron un clima de rechazo en la comunidad islámica de la Bahía, que defendía la inocencia de los procesados y culpaba a la chica de haber mentido. Desde Mauritania se hizo una lectura distinta de todo el proceso judicial, acusando a los jueces de no comprender un enlace matrimonial habitual en ese país de origen. Hasta el punto que hubo manifestaciones públicas y recogidas de firmas para que fuera liberada la familia.

El abogado de los condenados, José Álvarez, confirmó ayer a este medio los detalles de la extradición y volvió a defender la inocencia de sus clientes. «Nuestra sociedad a veces se comporta de forma hipócrita. No se respeta que una menor extranjera, residente en España, se case legalmente en su país, mientras que en el nuestro, algunas menores abortan en libertad y sin dar explicaciones». Una joven que sigue conviviendo con la misma familia de acogida de Puerto Real que se hizo cargo de su cuidado desde que era pequeña. Su testimonio fue la prueba fundamental en el juicio, algo que reprueba la defensa al entender que fue insuficiente para concluir en pena de cárcel. «La condena de la madre de la menor, por un delito de agresión sexual, solo puede producirse en un proceso inquisitivo y cuasi esquizofrénico».

Tanto la madre como el esposo de la víctima deberán cumplir una condena por unos hechos que en Mauritania no son delito. Sin embargo, ya el año pasado las autoridades mauritanas se pronunciaron garantizando que velarían por que se ejecute la ley española. Curiosamente, la prensa mauritana vuelve a tener una visión distinta de este asunto y ayer se podía leer en algunas portadas de que la justicia española «había liberado» a los condenados.