El PP pide una auditoría del Estado y el PSOE critica las «ganas de ensuciar»

La detención del empresario Manuel Alejandro Dávila Ouviña por su supuesta implicación en el fraude a las ayudas concedidas en el marco del plan de reindustrialización de la Bahía se ha colado de lleno en plena campaña electoral y añade un elemento nuevo de confrontación entre los dos principales partidos políticos. La operación policial que se desarrolla en Galicia ha servido de argumento para un nuevo cruce dialéctico entre PP y PSOE. Los populares piden que se realice una auditoría del Plan Bahía Competitiva; mientras que los socialistas les reprochan que solo busquen «ensuciar».

El presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza, pidió públicamente que se investigue a fondo el destino de las ayudas a la reindustrialización; una vez conocido el presunto fraude de 14,5 millones que habría cometido presuntamente Ouviña. Loaiza atribuyó así a su partido, a través de la Diputación Provincial y del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT), quien puso en alerta de los presuntos fraudes. «Al final, poco a poco, el tiempo nos está dando la razón. La detención del señor Dávila Ouviña viene a confirmar que lo que hay que hacer es una auditoría por parte del Estado», aseguró Loaiza, quien también ha pedido la actuación de la Fiscalía y de los juzgados; algo que ya está sucediendo al existir una investigación judicial en curso.

«Hay que hacer un estudio pormenorizado de cómo se han repartido las ayudas, no sólo las recibidas por Ouviña, para saber cómo se han empleado y por qué de todos esos cientos de millones que han venido a la provincia, muchos se han perdido».

El presidente de la Diputación también ha arremetido contra el propio Plan Bahía, porque «no ha creado el empleo que tenía que crear en la provincia de Cádiz, ni ha traído las empresas que tenía que traer».

Con estas declaraciones, la réplica socialista estaba servida. Así, ante las manifestaciones realizadas por el presidente de la Diputación de Cádiz, el diputado del PSOE por Cádiz y candidato al Congreso, Salvador de la Encina, salió a la palestra ayer, vía comunicado, para defender el papel que ha tenido el Gobierno central en este asunto: «Han sido los ministerios de Industria y Economía y Hacienda quienes iniciaron el procedimiento reglado de reclamación o revocación de los préstamos con cargo a la Orden de Reindustrialización de 2009 y 2010, por un presunto fraude de 14,5 millones de euros cuando Ouviña era administrador de las empresas Aquandalucía, Cádiz Solar Center y Soluciones Tecnológicas Ambientales».

De esta forma, Salvador de la Encina le respondió a José Loaiza que «los mecanismos del procedimiento normativo de los Planes de Reindustrialización y de la ley de Subvenciones se están aplicando con inmediatez y eficazmente; por lo que quien presuntamente defraude sabe que o tiene que devolver los préstamos al Tesoro Público o pagará con su patrimonio o con la cárcel, como ha ocurrido con el empresario Ouviña». El principal sospechoso de la trama investigada fue arrestado el jueves en su localidad natal de A Pobra (La Coruña) y posteriormente enviado a prisión como medida cautelar.

Promesa incumplida

Para De la Encina, «si Loaiza considera que lo que se está haciendo es insuficiente, debería cumplir con su anuncio efectuado el pasado 30 de julio, el cual no ha cumplido, que era llevar a la Fiscalía la concesión de ayudas a la reindustrialización. Le invitamos a que deje de ensuciar y amenazar, ya que desde el PSOE estaríamos encantados de que se hiciese ese auditoria del Estado que pide».

En cuanto, al procedimiento de selección de los proyectos presentados y seleccionados en los planes de reindustrialización de la provincia de Cádiz, Salvador de la Encina recuerda que «se hace con la participación de los técnicos de la Diputación de Cádiz y Junta de Andalucía y que son, posteriormente, refrendados en la Dirección General de Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria, por lo que se hace con luz y taquígrafos, sin que ello pudiera impedir que, posteriormente, alguna empresa no cumpla los requisitos exigidos para la devolución de los préstamos; por lo que se les aplicará la ley, como está ocurriendo con el caso de las empresas de Ouviña, que es el primero que ocurre entre más de 500 proyectos aprobados».

Salvador de la Encina, a diferencia de Loaiza, alaba los buenos resultados del plan y le exige a Loaiza «prudencia, para no desvirtuar la imagen pública de un Plan de Reindustrialización que ha traído enormes beneficios a la provincia de Cádiz y a su tejido productivo y socioeconómico, tan necesitado de inversiones.