COMO UN ALARIDO

Se había extendido la idea, ahora se ve que equivocada, de que la última encuesta del CIS de la legislatura, publicada ayer, mitigaría la gran diferencia que ha separado en los últimos sondeos desde hace meses al PP del PSOE. No ha sido así, y el Centro ha divulgado un sondeo clamoroso, una encuesta que, por lo abultada y expresiva, ha sido una especie de grito de desesperación de una sociedad que comienza a creerse desahuciada y que se halla al borde de su resistencia. Ya no es solo que haya quedado patente un deseo de cambio: es que el actual estado de cosas es tan dramático que los 18.000 encuestados de la muestra han lanzado una especie de alarido más que una opinión al ser preguntados.

El sondeo pronostica una ventaja de 16,7 puntos del PP sobre el PSOE, lo que representa una diferencia de 74 diputados. Ello significaría que Rubalcaba habría perdido 48 escaños con respecto a los que logró el PSOE en 2008 (169), exactamente el triple de los que perdió Almunia en el 2000 (16 escaños) y casi el triple de los que perdió González en 1986 y 1996 (18 en ambos casos). Se trataría, pues, de un revolcón sin precedentes que carga de gran asimetría el bipartidismo imperfecto que ha caracterizado nuestra democracia.

Ante el planteamiento dramático que la ciudadanía ha hecho del futuro inmediato, quizá no tenga demasiado sentido hacer una lectura partidista del sondeo, que seguramente no describe inclinaciones ideológicas. Lo que la sociedad grita es la urgencia de aplicar nuevas terapias al problema, pero también de hacerlo con todo el énfasis posible y, por tanto, todos juntos, ya que la situación se ha vuelto insoportable. Si así se viese y se entendiese, probablemente el día después del 20-N sería de puesta en común de todas las energías disponibles para tensionar nuestro sistema productivo y para buscar en la UE los estímulos precisos para reemprender el crecimiento. No necesariamente mediante consensos o coaliciones -es bueno que el parlamentarismo esté activo y funcione- sino a través de una lealtad institucional que es exigible cuando el país se encuentra, como es el caso, en una situación límite.