El acusado de la muerte de María Esther ingresará en un piso tutelado

El titular del Juzgado de Menores número 1 de Málaga ha ordenado que el joven de 17 años acusado de la muerte de María Esther Jiménez Villegas, de 13 años, en Arriate (Málaga), permanezca, a partir de hoy, internado en un piso tutelado. Asimismo, el juez ha prohibido que el menor pueda desplazarse hasta el municipio de Arriate, donde se cometió el crimen, por medio de una orden de alejamiento.

Según ha explicado la abogada de la familia -natural de Paterna-, Barbara Royo, a los periodistas, a partir de hoy el menor permanecerá con un grupo educativo tutelado por personal habilitado. Esta decisión judicial ha sido tomada después de que la Fiscalía de Menores y la acusación particular, en representación de la familia de María Esther, solicitaran ayer una medida de convivencia en grupo educativo tutelado las 24 horas del día y alejamiento del municipio.

El juicio, que comenzó el miércoles, continuó ayer a puerta cerrada con la declaración de diversos testigos y hoy comparecerán los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil que participaron en la investigación del caso. Ayer se celebró una vista en la que la Fiscalía de Menores y la acusación particular pidieron que se imponga dicha medida cautelar ya que hoy termina el plazo máximo de internamiento preventivo decretado el pasado febrero.

El juez tuvo en cuenta para dictar la resolución la gravedad del delito y la pena solicitada por las acusaciones. El Juzgado de Menores número 1 de Málaga ordenó en febrero el internamiento preventivo del joven en régimen cerrado durante seis meses, el máximo que establece la Ley del Menor, aunque posteriormente, en agosto, se prorrogó por otros tres meses más. Hoy el menor podría haber quedado en libertad si no se hubiese dictado dicha resolución, aunque su defensa ha mantenido que no existía riesgo de fuga, ni se iban a hacer desaparecer pruebas y ha anunciado que recurrirá la resolución judicial.

La abogada de la familia de la víctima se ha mostrado satisfecha con esta medida cautelar para poder restringir la libertad del acusado y evitar que pueda acercarse a familiares y testigos. La defensa del menor, Andrés Gálvez, aseguró ayer que el menor «por ley» debía quedar en libertad, y que ello no era una posibilidad legal, sino un mandato legal. La fiscalía malagueña y la acusación particular han solicitado ocho años de internamiento para el menor, seguidos de cinco de libertad vigilada por un presunto delito de asesinato.