Juzgan a los gerentes de tres burdeles por prostituir a rumanas bajo amenazas

Una historia que se repite: engaños, mentiras, promesas de un trabajo digno en España a mujeres en la indigencia, que finalmente se transforman en esclavas sexuales, obligadas a prostituirse bajos amenazas de que desvelarían a sus familias a qué se estaban dedicando. Un entramado de trata de blancas de libro, que fue destapado en septiembre de 2008 por la Policía Nacional en Rota, Jerez y en Alcoy (Alicante), donde según la Fiscalía, tres personas -dos españolas y una rumana- obligaban a prostituirse a jóvenes procedentes de Rumanía, a las que captaban en su país con la promesa de un trabajo en pizzerías españolas.

Los tres supuestos miembros de esta trama -Raquel N. L, Ricardo P. R. y Rodica C. C.- se sentarán el próximo 8 de noviembre en el banquillo de los acusados de la Sección Tercera de la Audiencia, acusados de un delito de «determinación a la prostitución» y otro contra los derechos de los trabajadores, por los que la Fiscalía de Cádiz tiene previsto solicitar penas de seis años y seis meses de prisión para cada procesado.

Según el Ministerio Público, los tres engañaron supuestamente a cuatro jóvenes rumanas que llegaron a ser identificadas y que están llamadas a juicio como testigos. Sin embargo, la acusación considera que el delito se cometió durante al menos dos años, entre 2006 y 2008, con más mujeres. Rodica era supuestamente la encargada de contactar en Rumanía con jóvenes sin recursos, a las que les ofrecía «trabajar en una pizzería de España haciéndose cargo de parte de los gastos» del viaje. Cuando llegaban a Jerez, les revelaban supuestamente el verdadero propósito del viaje y el empleo que se verían obligadas a ejercer para saldar la supuesta deuda económica con los acusados.

Según la Fiscalía, Rodica no actuaba sola y tanto Raquel N. L. como Ricardo P. R, que regentaban al menos cuatro prostíbulos -dos en Jerez y uno en Rota, en régimen de alquiler- estaban al tanto de las falsas promesas y de la extorsión a la que eran sometidas las jóvenes: si se negaban, según el Ministerio Público, las amenazaban con «informar a sus respectivas familias de que se dedicaban en España a la prostitución». Las mujeres, al verse sin dinero en un país extranjero y bajo presión, acabaron por aceptar los trabajos en los burdeles, donde acababan residiendo.

Coacciones de desprestigio

Es cierto que las víctimas de esta trama no estaban encerradas y tenían libertad de movimiento, algo que probablemente alegarán los abogados defensores en su descargo. Pero cabe recordar que tampoco se enfrentaban a amenazas violentas, sino otras más sutiles: vivían con el temor a ser difamadas, no a ser golpeadas. Según el fiscal, los gerentes de los prostíbulos las habían fotografiado y grabado en vídeo mientras ejercían el alterne en los bares de los locales, para coaccionarlas con las imágenes. Cabe recordar que la prostitución no está castigada por el Código Penal español, pero sí el hecho de obligar a una persona a ofrecer sus servicios sexuales «empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima». Un delito para el que se prevén castigos de entre dos a cuatro años de cárcel. «En la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma», continúa el Código Penal. Además de esto, el ministerio fiscal recuerda que para colmo, «las jóvenes carecían de Seguridad Social, contrato reglado y no seguían controles médicos», por lo que añade un delito contra el derecho de los trabajadores.

¿Hoteles o burdeles?

En este tipo de casos, como ya ocurrió en la sonada 'operación Toscana' en la que acabaron imputados los miembros de la familia jerezana de los Galán, propietarios de la red de prostíbulos Galantería, los dueños de los locales suelen alegar que sus locales son hoteles y que se limitan a cobrar a las prostitutas por el uso de las habitaciones. En este caso, según la Fiscalía, los acusados recibían el 50% del dinero que las mujeres percibían por su trabajo. Aunque en realidad eran los gerentes de los burdeles y no ellas quienes supuestamente cobraban a los clientes. Es decir, que los dueños de los prostíbulos también establecían supuestamente los precios que debían de cobrar y las prostitutas eran, en la práctica, meras empleadas, que «recibían instrucciones de sus labores».