Rajoy solo enseña sus cartas a medias

El PP hizo público ayer, a cinco días del comienzo de la campaña, un extracto de su programa electoral. Un texto que aprobará hoy la dirección del partido que se reúne en Santiago de Compostela. El programa del PP apuesta, en lo económico, por dos ideas, austeridad y estímulos fiscales. No es el reverso de la moneda del programa del PSOE, que propugna el rigor en el gasto sin 'talibanismos' y subidas de impuestos selectivas, pero tiene sustanciales diferencias. Son dos formas de ver la salida de la crisis.

Nueva ley de estabilidad presupuestaria para el Estado y las autonomías que contemplará sanciones a los gestores públicos que incumplan sus preceptos. Además, se compromete a suprimir los organismos y entes públicos cuyas funciones pueda asumir la administraciones.

Los socialistas proponen eliminar las diputaciones y reconvertirlas en consejos de alcaldes. Así pretenden ahorrar 11.000 millones de euros. Además, abogan por reducir la estructura administrativa de ayuntamientos, comunidades y Administración central. Y pretenden otorgar a ésta capacidad para controlar el urbanismo.

Fomento del ahorro a largo plazo con nueva deducción en el IRPF, cuyo porcentaje no aclara. Mejor trato fiscal a los planes de pensiones, también sin concretar, y elevación de los mínimos exentos en el IRPF para familias numerosas. En el impuesto de sociedades aboga por generalizar el tipo del 20%.

Rubalcaba quiere reformar el impuesto de patrimonio para que las grandes fortunas paguen más. Quiere crear una tasa sobre los beneficios de la banca y gravar más el tabaco y el alcohol, salvo el vino y la cerveza. Así pretende «financiar el empleo» y ganar recursos para sanidad.

El PP quiere que se reconozca por ley la autoridad pública del profesor en el ejercicio de su actividad. Promoción del bilingüismo español-inglés o el trilingüismo en las comunidades con lengua propia. En el terreno de la enseñanza superior, el PP hará un nuevo marco de financiación para las universidades con el que abrirá las puertas al «mecenazgo» y al «patrocinio» privado.

El programa socialista propone un sistema de acceso a la profesión de docente similar al 'mir' de los médicos. Además, se compromete a que al acabar la legislatura todos los colegios ofertarán cinco horas de actividad voluntaria tanto para alumnos con dificultades como para los que tienen mayor capacidad de aprendizaje.

Cambio, que no derogación, de la ley para «proteger el derecho a la vida y a las menores». El PP propone además crear una «bolsa de horas» para que los trabajadores puedan dedicar tiempo a los asuntos propios y así favorecer la conciliación con la vida personal.

El PSOE pretende implantar un sistema de cuotas obligatorias para que en ocho años el porcentaje de mujeres en consejos de administración llegue al 40%.

Establecimiento de una cartera de servicios de salud básica y común dentro del sistema nacional. El programa es deliberadamente ambiguo. No habla de copago ni privatización sino de reformas para «ganar eficiencia en la gestión».

Además de promover la coordinación interterritorial, el PSOE pretende obligar a las comunidades a dedicar a la Sanidad 3.000 millones de euros de la partida que reciben del Estado para sus competencias. Y ofrecerá líneas ICO para pagar la deuda existente, que ronda los 9.000 millones.

El PP defiende la aplicación transitoria del IVA superreducido para la compraventa de viviendas habituales. Se compromete a combatir comportamientos «abusivos» y a fijar mecanismos de «liberación» de los deudores una vez hayan sido embargados.

Proponen incentivar a los bancos para que acepten la dación en pago, es decir, que la devolución de la vivienda salde la deuda contraída por un hipotecado. El modo, eximir a la entidad del pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

Los populares proponen hacer compatible el cobro parcial de la pensión de jubilación con el trabajo «efectivo». Defienden que esta paga sea «más proporcional» a las cotizaciones hechas a lo largo de toda la vida laboral.

Los socialistas abogan por el refuerzo de los instrumentos de control para que no haya duplicidades en el cobro de prestaciones incompatibles entre distintas administraciones.