El Supremo juzgará a Garzón por el 'caso Gürtel' antes que por la causa del franquismo
La Sala Penal fija la vista oral el 29 de noviembre, pese a que el proceso de la memoria histórica lleva un año y medio a la espera de juicio
MADRID. Actualizado: GuardarEl juez Baltasar Garzón será el primero en sentarse en el banquillo de los acusados por el 'caso Gürtel'. Cosas del destino, el magistrado que destapó la trama corrupta que salpicó al PP, y que se ha llevado por delante a dirigentes tan destacados como el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, será juzgado por prevaricación durante su instrucción de la causa en la Audiencia Nacional.
El juicio será el próximo 29 de noviembre y también, cosas del destino, la vista oral llegará antes que otra que espera en la nevera desde hace año y medio, su procesamiento por indagar en los crímenes del franquismo.
Garzón, suspendido provisionalmente de sus funciones como magistrado, tendrá que defenderse de un delito de prevaricación -dictar una resolución injusta a sabiendas, la peor de las acusaciones contra un juez- y otro por vulnerar la intimidad de los abogados de los cabecillas de la trama corrupta. En concreto, por ordenar las escuchas telefónicas entre los imputados del 'caso Gürtel' en prisión y sus letrados.
La causa se abrió el 25 de febrero de 2010, después de que el abogado Ignacio Peláez se querellase contra Garzón una vez que este se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia Madrid. Posteriormente se unieron al proceso los dos cabecillas del entramado, Francisco Correa y Pablo Crespo, para ejercer la acusación particular.
Transcurridos 13 meses de la instrucción, en abril pasado, el juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro decidió abrir juicio oral contra Garzón al observar indicios suficientes de delito. Por el camino no admitió ninguna prueba testifical de su defensa para enfado del acusado. «Hasta el momento no he podido defenderme porque se nos han privado pruebas fundamentales», se quejó entonces el juez.
Siete meses después de aquella decisión, la Sala de lo Penal del Supremo decidió ayer que ha llegado el momento de sentar a Garzón en el banquillo. Ello, pese a que espera su turno desde mayo de 2010 el juicio por investigar los crímenes del franquismo. Si bien es cierto que en este caso la defensa del juez ganó tiempo con la recusación de los cinco magistrados del tribunal que admitieron la querella, también lo es que este proceso ha llevado una marcha más lenta que el 'caso Gürtel'. Quizá la razón responda a la opinión que manejan algunos juristas consultados de que con estos indicios delictivos es más factible condenar a Garzón. Además, la trama corrupta no levanta tanta división de opiniones en la opinión pública como la del franquismo.
Siete magistrados
El futuro profesional del juez pende de un hilo ya que las acusaciones particulares reclaman para él una inhabilitación que va desde los 10 hasta los 17 años e incluyen el agravante de prevaricación continuada. Solo la Fiscalía pedirá la libre absolución del acusado, como ha hecho desde que comenzó el proceso porque para el Ministerio Público Garzón actuó de acuerdo a la ley. Ha argumentado en varias ocasiones que los letrados conocían las escuchas y que estas no fueron utilizadas para «dirigir o variar» la investigación sobre la trama.
Todas estas peticiones serán deliberadas por un tribunal compuesto por siete magistrados: el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Soriano, José Manuel Maza, Perfecto Andrés, Joaquín Giménez y Manuel Marchena. Este último es el instructor en otra causa que se sigue contra el juez por su supuesta mediación en los patrocinios de unos cursos universitarios en Nueva York.
En el auto conocido ayer se conoció, además, que el tribunal ha rechazado algunas de las pruebas testificales que había solicitado el abogado de Garzón, Francisco Baena Bocanegra. Entre ellas la presencia de los instructores del 'caso Gürtel' en Madrid y Valencia, Antonio Pedreira y José Flors, las dos fiscales que llevan la investigación en Madrid o el comisario jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, Alfredo Cabezas, ya que «no guardan relación con los delitos del juicio».