El PP saca a relucir facturas del anterior gobierno de hasta 4.400 euros en comidas

El Partido Popular contó ayer con el apoyo de PSOE e IU en la aprobación de la solicitud de casi ocho millones de euros al Instituto de Crédito Oficial (ICO), una operación que permitirá el pago de facturas a 500 proveedores del Ayuntamiento. Aunque solo será un 10% del total de lo adeudado a diferentes empresas (450 millones es la deuda completa), la medida servirá para darle oxígeno a autónomos y pequeñas y medianas sociedades jerezanas, tal como insistieron desde el gobierno local en el transcurso de un largo pleno que se prolongó hasta pasadas las tres de la tarde.

El portavoz del PP, Antonio Saldaña sacó a relucir en este punto algunos ejemplos de esas facturas que siguen pendientes en el Consistorio y se las achacó a los gobiernos anteriores, sobre todo, al PSOE. Habló, por ejemplo, de cuentas pendientes de «4.400 euros en un bar de la zona» así como de «otros 2.000 euros en una conocida venta de la ciudad». También mencionó el caso concreto de la empresa Lobón Proyectos y Obras S. L, «que se crea al amparo de su gobierno -en referencia a los socialistas- y que solo ha realizado unos trabajos al Ayuntamiento». Saldaña apuntó, igualmente, que «hay curiosas relaciones personales en su composición societaria».

Ante estas declaraciones, la propia María José García-Pelayo, aseguró que «los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se ha gastado su dinero» a lo que desde Izquierda Unida respondieron que «cuántas comidas habrá desde el año 1979». La alcaldesa insistió en que «desde que estamos nosotros no se ha pasado ni una sola factura de comidas pero sí nos han llegado desde otros gobiernos».

Desde las filas socialistas -en las que no se encontraba la exalcaldesa, Pilar Sánchez- se defendieron argumentando que «todos hemos gobernado y hemos tenido que tomar decisiones. Hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer y nuestro momento no era el mismo que el suyo», dijo el portavoz del PSOE, Francisco Lebrero. El edil criticó «que el objetivo de la propuesta sea criticarnos y, si nuestro apoyo va a levantar ampollas, no es nuestra intención».

Los detalles del crédito

Los casi ocho millones de euros que podrían desembarcar pronto en las arcas municipales lo harán con varias condiciones: limitado al 25% de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), al 6,5% de interés y pago en tres años. Fue el portavoz del PP y primer teniente de alcaldesa, Antonio Saldaña, el que también defendió el asunto ya que el delegado de Economía, Enrique Espinosa, salió de la sala por estar implicada en la operación la entidad bancaria en la que ha desarrollado su profesión, La Caixa.

«Es un préstamo que solicita el PP y que el PP va a pagar», insistió el edil. El criterio de pago que se seguirá para elegir a las empresas acreedoras que saldarán su deuda o parte de ella dará prioridad a los autónomos y las pymes jerezanas porque «son las que pagan aquí sus impuestos y contribuyen al sostenimiento del Ayuntamiento». El importe máximo que se pagará, para que puedan resarcir al mayor número de proveedores posibles, es de 50.000 euros y el mínimo, de 1.000. «Sabemos que esto no va a solucionar el problema de muchas empresas pero es un respiro», dijo el concejal del PP, que destacó que se respetará el principio de antigüedad. También se ha optado por excluir del pago a las entidades financieras a las que algunas empresas han trasladado sus deudas porque la intención es que «ese dinero llegue a las empresas directamente».

De esos ocho millones de euros, 500.000 irán a parar a las pedanías para que hagan frente a los pagos de sus propios proveedores. Así, La Barca recibirá 240.000 euros, Guadalacín, 60.000 y Nueva Jarilla, 90.000, entre otras.

Desde Izquierda Unida, que apoyó la propuesta, fueron contundentes sin embargo a la hora de reconocer que el préstamo sería una nueva carga para el Ayuntamiento aunque «si así somos capaces de pagar a 500 empresas, ¿quién va a decir que no?», dijo Joaquín del Valle. Por último, la concejal de Foro Ciudadano, Rocío Montero, calificó de «gravosas» las condiciones del préstamo: «¿Se podrá devolver?», se preguntaron desde Foro antes de abstenerse en la votación.

Entre las bancas de la oposición destacó la ausencia de la concejal no adscrita, Carmen Nieves Torres.

Peticiones urgentes

Tres fueron las peticiones por vía urgente que, propuestas por el PP, fueron aprobadas por unanimidad por el pleno. Hacen referencia a proyectos pendientes importantes, como la Ciudad de la Justicia, la remodelación de la iglesia de Santiago y la terminación de las obras de la carretera de La Barca, con la intención de que la Junta las incluya en los próximos presupuestos.

La primera de ella es una instancia a la Junta de Andalucía para que decida ya cuál será el emplazamiento definitivo de la sede judicial. El Partido Popular se brindó a acatar la decisión de la administración autonómica, sea cual sea el espacio elegido, aunque siguen en el aire dos sugerencias: la avenida Chema Rodríguez y la de Medina Sidonia.

En cuanto a la remodelación de la iglesia de Santiago, el responsable de Urbanismo insistió en que la petición llega tras un informe técnico en el que alertan del peligro que supone el abandono de las obras. «La iglesia ha sufrido vandalismo y robos y peligra la resistencia de los materiales», dijo Saldaña. Resaltaron el valor cultural y turístico del templo y recordaron que «reanudar una obra parada desde hace mucho tiempo es más costoso».

Por último, también se llevará a la Junta de Andalucía la petición de que se reanuden y finalicen de una vez por todas las obras de mejora de la carretera de La Barca, una solicitud que desde las bancas socialistas calificaron de «lógica y razonable».

Otros asuntos

La sesión ordinaria de pleno dio también para que resultara aprobada -con el voto en contra del PSOE- la petición a la Junta de que pague las deudas tributarias pendientes que, según Jereyssa, asciende a 7,8 millones.

Otro de los puntos que provocó mayor debate fue la modificación de los estatutos de la empresa municipal del suelo, Emusujesa, para «dotar al Ayuntamiento de una herramienta útil para agilizar la gestión municipal», como apuntó el delegado de Urbanismo, Antonio Saldaña. La medida contó con los votos en contra de PSOE e IU. Esta modificación contempla que la sociedad podrá gestionar de forma directa cualquier equipamiento de forma más ágil e impulsar proyectos paralizados, como el Museo del Belén. Ha sido la fórmula elegida por el gobierno popular, aunque no descarta crear un organismo autónomo con tal fin más adelante, como indicó el edil.