El Ejecutivo se decanta por no recurrir las listas de la izquierda abertzale

El Gobierno y la Fiscalía no cuentan con indicios suficientes para demostrar ante los tribunales que Amaiur, el nombre con el que la izquierda abertzale quiere concurrir a las elecciones generales, es una formación heredera de la ilegalizada Batasuna o un instrumento al servicio de ETA, según las fuentes jurídicas consultadas. Por este motivo, ambas instituciones, las únicas que pueden reclamar al Tribunal Supremo la exclusión electoral de una candidatura en aplicación de la ley de Partidos, se inclinan por no impugnar las listas de la coalición, lo que, de facto, supone confirmar la presencia de las planchas de la izquierda abertzale en los comicios del 20 de noviembre.

La Abogacía del Estado y la Fiscalía, según fuentes de ambos organismos, todavía no han tomado una decisión definitiva, porque aún estudian los últimos informes sobre Amaiur elaborados por la Policía y la Guardia Civil, pero sí que tienen claro que con los elementos que ahora cuentan no es posible recurrir la presencia de esta candidatura con un mínimo de posibilidades de éxito. La decisión será oficial mañana, que es cuando termina el plazo legal para recurrir las listas proclamadas por las juntas electorales.

Si este jueves no hay impugnación, será la primera vez que Gobierno y Fiscalía no reclaman la exclusión electoral de las listas sospechosas de la izquierda abertzale desde que en 2003 fue ilegalizada Batasuna por el Supremo. Los acusadores públicos no siempre han tenido éxito en sus demandas, como ocurrió en mayo pasado con Bildu o en 2009 con Iniciativa Internacionalista -la marca de las europeas-, pero siempre lo habían intentado.

La clave de la ausencia de recursos no habría que buscarla según los implicados en el reciente comunicado en el que ETA anunció el fin de los asesinatos y la extorsión, sino en la sentencia del Constitucional que, en mayo pasado, permitió a Bildu, la coalición formada por Eusko Alkartasuna, Alternatiba e independientes de la izquierda abertzale, estar presente en las elecciones municipales al no encontrar pruebas de su ligazón con Batasuna o ETA.

El cese definitivo de la violencia, pese a su relevancia social y política, no ha hecho desaparecer a ETA, que aún existe como organización terrorista, ni ha devuelto a la legalidad a Batasuna, que sigue prohibida.

Sin embargo, la sentencia de Bildu hace que Amaiur, que no es más que Bildu más Aralar, un partido sin tachas, parta con una presunción de legalidad, que es la que Abogacía y Fiscalía deben desvirtuar con una pruebas sólidas de las que carecen. Las listas con las que Amaiur concurrirá al Congreso y al Senado por sí mismas no muestran una clara contaminación de Batasuna, según coinciden los expertos legales del Estado. Es cierto que, pese a la presencia de cuatro socios en la coalición, es la izquierda abertzale clásica la que copa todos los cabezas de lista, pero también es cierto que de los 66 candidatos solo seis tienen un historial en Batasuna u otras siglas ilegalizadas, y que solo uno de estos candidatos marcados, Iñaki Antigüedad, el número uno por Vizcaya al Congreso, tiene claras opciones de ser elegido el 20-N.

Pero aún más importante que lo anterior es que los informes policiales tampoco logran establecer que la ilegal Batasuna, el brazo institucional de ETA, sea quien promueva, tutele, maneje o financie a Amaiur.

Sin presión del PP

La falta de indicios o pruebas bastantes para impugnar las listas de la izquierda abertzale se ha juntado en esta ocasión, también por primera vez, con la ausencia total de presión política sobre el Gobierno para que recurra, forzado por el PP y organizaciones de víctimas, las candidaturas ante el Supremo.

En el caso de los socialistas es justo al contrario. Alfredo Pérez Rubalcaba aseguró ayer que no veía «ninguna razón» para que Amaiur no estuviese en la competencia electoral. El candidato del PSOE se limitó a repetir que ahora que «le hemos quitado las bombas» al independentismo radical lo que hay que concentrarse es en quitarle los votos y evitar que logren un repunte electoral.

No obstante, la transformación decisiva es la que ha sufrido el PP de la mano de Mariano Rajoy. Los populares, que hasta hace una semana exigían al Gobierno que impidiese la presencia de Amaiur en las urnas porque su conexión con ETA les resultaba evidente, aseguraron ayer que no pedirán al Ejecutivo que recurra las listas. Se conforman con que la Abogacía y la Fiscalía estén vigilantes por si en el futuro aparecen pruebas contra la coalición.