Enseñanza de calidad

Las huelgas y manifestaciones que los profesores de primera y segunda enseñanza están realizando, de manera continuada, en las autonomías gobernadas por el PP, han reavivado el viejo debate, enseñanza pública vs enseñanza privada.

Lo que en un principió se presentó como una queja a la ampliación legal de dos horas lectivas a los profesores de instituto, derivó en una defensa y exaltación de la enseñanza pública que al parecer ha resultado más consistente y atractiva.

Una vez más, desde el siglo XIX, la izquierda sociológica ha recurrido a un tópico mágico, muy útil entre los que previamente han tenido la ideologización pertinente. Me refiero a que la escuela ha de ser exclusivamente pública. Hasta el momento no he conocido un solo argumento a favor de tan entusiasta adhesión. Es como un dogma que hay que aceptar sin justificación alguna.

Vaya por delante que yo no tengo nada personal en contra de la escuela pública; creo que realiza una función muy útil y necesaria. Desde los 10 años a los 27 estuve cursando estudios en instituto y universidades del Estado, siempre con becas, y esto me proporciona un conocimiento real y una simpatía especial hacia ella. Hoy tengo entre mis familiares más próximos, bastantes profesionales que ejercen en ese ámbito, estando muy al día de sus gozos y sus penas. Sin embargo, cuando tuvimos que elegir enseñanza para nuestros hijos en esta nuestra bellísima ciudad, optamos por colegios concertados religiosos.

Nosotros, como en su día hicieron nuestros padres, y hacen todos los padres normales, quisimos lo mejor para nuestros hijos, buscamos una enseñanza de calidad. Por eso no entiendo que a estas alturas del siglo XXI todavía una parte de nuestra progresía siga defendiendo ideas decimonónicas. Lo moderno, lo que marca el progreso en los países civilizados, es un gran pacto escolar que saque la enseñanza de la confrontación política e ideológica y que permita al Estado ofrecer, en igualdad de condiciones, el mayor número posible de opciones. Luego serán los padres, (los padres, no los políticos, ni los colegios, ni los profesores) máximos responsables de la educación de sus hijos, los que elijan.

Reto a quienes tanto protestan, a que me expliquen cómo a pesar de que el Estado asigna más recursos económicos a las escuelas públicas que a las concertadas (el doble por alumno, según recientes cálculos), y contar con profesionales de primer nivel -tienen además el plus de las oposiciones- los padres siguen eligiendo mayoritariamente las segundas.

En nuestra ciudad, las demandas de plazas para los colegios concertados es superior a la oferta, con las consiguientes protestas en los periodos de admisión, mientras se cierran paulatinamente colegios públicos por falta de alumnado. Si a esto añadimos el mayor coste que los contribuyentes tenemos que soportar para mantener los centros públicos, ¿por qué atacar a la enseñanza concertada?

Los ataques son también extensivos a los centros totalmente privados, sin subvención alguna. No veo aceptable ninguna limitación a que los padres quieran pagar dos veces la enseñanza (la primera, vía impuestos) de sus hijos. Es su libertad y su responsabilidad. Lo deseable es que hubiera un abundante número de ofertas que ya la demanda se encargaría de limitar.

Puesto a buscar explicaciones a tan tozuda posición, se me ocurren fundamentalmente dos que persisten desde los tiempos en que la sociedad española era culturalmente muy precaria. De una parte el interés que siempre tuvo la izquierda de imponer modelos sociales según su visión de la realidad. Para ello es fundamental ideologizar a los niños desde su más tierna infancia. La enseñanza debe ser, por tanto, dirigida según un modelo perfectamente diseñado e impuesto por la vía de una legislación no consensuada (educación para la ciudadanía, ideología de género, etc.), impartido, con vigilancia y amenazas veladas, por los profesionales que han de enseñar tan sectaria ideología y, finalmente, con insinuaciones de restringir los conciertos a los centros que no se plieguen a tan dictatoriales deseos. Los padres para esto nada cuentan. El Estado debe ser el que les diga lo que sus hijos deben aprender porque es lo mejor para ellos. Pero resulta que los padres, cultos o incultos, saben o intuyen lo que quieren que se haga con sus hijos y con su dinero, y por eso procuran elegir según sus respetables deseos.

En segundo lugar, es muy significativo ver a los sindicatos de clase que tienen representación en todo tipo de centros, defender desaforadamente la escuela pública. ¿Qué tiene que ver esto con su necesaria función de la defensa de los derechos de los profesionales, en este caso de la enseñanza, sea cual sea su ubicación? La defensa de 'lo público' es una constante en este tipo de sindicatos y la razón parece obvia: Es en ese ambiente, donde el patrón es siempre un político, donde ellos se desenvuelven con destreza. Es donde consiguen el máximo poder. Por eso son protagonistas necesarios en las huelgas y manifestaciones de estos días.

Quizás sea bueno recordar en este momento una obviedad, que no hay enseñanza pública o privada, hay solo enseñanza buena o mala. Que toda ella está soportada por el bolsillo del contribuyente y que la calidad la determina el cliente, en este caso sus representantes, los padres.

Me gustaría que nuestra progresía abriera un periodo de reflexión serio sobre el tema de la enseñanza en España, como ya se hizo en países de nuestro entorno, y que consesuara con los estamentos interesados (padres, colegios, profesores y políticos) un pacto escolar, que tranquilice a la sociedad y a las familias. Sería lo mejor que podríamos hacer por la educación de nuestros hijos.