Llamada a la prudencia
ETA no puede transferir al Gobierno la responsabilidad de una decisión irreversible
Actualizado: GuardarEl transcurso de las horas desde que el jueves ETA anunciara que ponía fin a su actividad terrorista ha ido proyectando reacciones y emociones cuyos matices describen elocuentemente las distintas vivencias que han coexistido bajo el acoso terrorista. Aunque la gran diferencia es la que manifiestan quienes han recibido la noticia como una oportunidad de vida y libertad -la generalidad de las organizaciones democráticas- y quienes la enarbolan como baza política -la izquierda abertzale y sus asociados- como se vio en la manifestación que protagonizaron ayer en Bilbao. Durante los últimos años la sociedad y sus instituciones se han mostrado impasibles frente a la insistencia con la que ETA y los herederos de Batasuna trataban de transferirles el cometido de cerrar «el ciclo de la lucha armada». La respuesta a tal pretensión era inequívoca; correspondía a la banda terrorista poner fin a su oprobiosa historia y hacerlo además sin condiciones. Hoy, después de que ETA haya anunciado el cierre de su «ciclo» violento, que su decisión sea irreversible depende también de ella y no de los poderes del Estado. La llamada a la prudencia, a la unidad y a no hacerle la campaña a Amaiur, con la que ayer Mariano Rajoy quiso rechazar los debates estériles, coincide por ahora con la conducta de los demás líderes políticos. Sería inadmisible que los responsables públicos se atuvieran al guión previsto en la Conferencia de San Sebastián secundando la formalización de un diálogo directo entre el Gobierno y ETA. Pero también sería una temeridad que se enredaran en exigencias o en propuestas que acabasen desplazando hacia las instituciones democráticas la carga de la responsabilidad sobre los designios etarras. Nadie debería referirse a la entrega de las armas sin tener en cuenta que el ritual de la «desmilitarización del conflicto» forma parte de un guión previsto por los terroristas y auspiciado por los mediadores internacionales. Como nadie debería adentrarse en el proceloso campo de la política penitenciaria y del futuro de los etarras presos sin dejar claro de antemano que la finalidad constitucional de la reinserción se refiere a la evolución personal de cada interno y no a las pretensiones negociadoras de una organización clandestina.