La discordia por el Guadalquivir

La página web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir aún no se había enterado ayer que el Consejo de Ministros ha aprobado la reversión de la gestión de la cuenca cuyas aguas transcurren por Andalucía. En la información sobre los 53 embalses andaluces, remitía a la web de la Agencia Andaluza del Agua. Sin embargo, qué paradoja, la foto que ilustra la web gestionada por el Ministerio de Medio Ambiente es la del río Guadalquivir bajo el puente de Triana en Sevilla, la capital andaluza. Un paradoja anecdótica comparándola con las más serias y de consecuencias más complicadas que la sentencia del Tribunal Constitucional tumbando la competencia andaluza del Guadalquivir ha deparado y va a seguir haciéndolo tras su reversión al Estado.

Un río, el Guadalquivir, que hasta en su origen es fuente de polémica. La sierra de María, en la comarca de Los Vélez de Almería, se disputa el nacimiento del río con el oficial, el de Quesada (Jaén) en la sierra de Cazorla. Sí el origen es discutible, la territorialidad de su cuenca se ha demostrado que también. Conocido es que el curso del río desde Cazorla a su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda transcurre por suelo andaluz. Pero no así su cuenca, que se extiende por otras tres comunidades, Extremadura, Murcia y Castilla La Mancha.

La insignificancia de esta presencia -apenas un 9,8% de los 57.527 km2 de la cuenca alcanza suelo de las provincias de Ciudad Real, Murcia y Badajoz-fue el argumento principal de los partidos políticos andaluces para reivindicar en el nuevo Estatuto de Autonomía de 2007 la competencia en exclusiva de las aguas del Guadalquivir que pasan por esta comunidad. Tanto PSOE, como PP, Izquierda Unida y Partido Andalucista respaldaron la reivindicación, sellada por el Congreso de los Diputados.

Curso torcido

Sin embargo, tanta voluntad política no pudo torcer el curso del río. La Constitución es clara cuando establece en su artículo 149 la potestad estatal sobre ríos que transcurren por más de una región, defendiendo el principio de unidad de cuenca. Pese a la unanimidad política, la decisión andaluza contó con reparos. La entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, puso algunos, acallados por la disciplina de partido. En Andalucía una voz tan solvente en materia de aguas como la de José López Martos, exconsejero de Obras Públicas, también advirtió de la posible inconstitucionalidad al dividir la cuenca y el precedente que ello podría crear. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, presionado por sectores contrarios a la división de la cuenca de la Confederación, forzó que en el texto del Estatuto la competencia apareciera sujeta a la Constitución. Es decir, tratar de nadar y guardar la ropa al mismo tiempo. No coló. La sentencia del Tribunal Constitucional del pasado marzo dio la razón a aquellos que habían sido considerados agoreros por la unanimidad política.

El TC anuló el artículo del Estatuto de Autonomía sobre esa competencia pese a las cautelas del texto suscribiéndose a los dictados de la Constitución. La cuenca se había dividido y Extremadura no estaba conforme.

La sentencia ha dejado en evidencia que en esta guerra por el Guadalquivir ha ganado David frente a Goliat. Desde el punto de vista político es una claro varapalo a la reivindicación estrella del Estatuto de Autonomía. La transferencia, firmada el 20 de septiembre de 2008 y hecha realidad a partir de enero de 2009, fue celebrada por el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, como un «hito histórico». «El Guadalquivir ya es nuestro», rezaba la publicidad del Gobierno andaluz.

Inseguridad jurídica

Lo paradójico de esta historia continúa con que ha sido el propio Manuel Chaves quien, como vicepresidente segundo y ministro de Política Territorial y Administración Pública, ha negociado en el bando contrario a la Junta la devolución de competencias para hacer cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional.

Chaves manifestó ayer en Cádiz que la opción de la Junta de devolver todas las competencias y no quedarse con las migajas de la policía de aguas «es la mejor solución que se podía». El vicepresidente del Gobierno recordó que la decisión de la Junta se ha hecho para defender la seguridad jurídica de los empleados adscritos al río.

Pero no está tan claro que estos se sientan seguros del todo. Los sindicatos, entre ellos CC OO y CSIF, han advertido del lío que la reversión va a significar para los más de 600 trabajadores transferidos en su día a la Junta. Muchos de ellos se embarcaron en concursos de traslado a otros departamentos de la Junta. También hay otros de la administración autonómica que pidieron traslado al Guadalquivir. En no pocos casos, los transferidos en su día han mejorado sus condiciones laborales. ¿Qué pasará con todos ellos? Chaves admitió ayer que puede haber recursos judiciales de los funcionarios y laborales. «Estarán en su derecho», dijo. Además varias sentencias de lo contencioso administrativo en contra de la Junta han puesto en entredicho las sanciones de esta por daños al dominio público del río. Fuentes de la Junta admitieron a este periódico que tales sentencias pueden seguir produciéndose.

Ley de Aguas

Pero además, la reversión al Estado deja en cueros la Ley de Aguas, aprobada hace un año y fraguada por la asunción del Guadalquivir (53 embalses, 115 hidroeléctricas, 4 millones de usuarios de sus aguas). Esta ley sustituye la anterior administración con dirección política en cada cuenca por una centralizada en Sevilla, con delegaciones provinciales que asumen los delegados de Medio Ambiente. Aspecto al que se opone el PP, que defiende las viejas demarcaciones de las cuencas hidrográficas. Cuestiones estrella de esta ley como los bancos públicos de agua o el nuevo canon para asegurar la financiación de la depuración de aguas quedan igualmente en agua de borrajas.