Las empresas deberán cotizar por sus becarios a partir de noviembre

El trabajo remunerado que desempeñan miles de titulados merced a programas de formación dejará de ser irrelevante ante la Seguridad Social. A partir del 1 de noviembre, las empresas y organismos públicos o privados estarán obligados a cotizar por sus becarios, que tendrán la misma protección que el resto de trabajadores a efectos de enfermedad profesional, accidentes de trabajo, maternidad, paternidad y cálculo de la pensión, pero no de prestaciones por desempleo. Y quienes hayan realizado prácticas en el pasado tendrán derecho a suscribir un convenio especial que les permitirá rescatar un máximo de dos años de cotización.

El Gobierno aprobó ayer un decreto ley que amplía los derechos de este colectivo, que hasta ahora -salvo excepciones como el personal investigador- permanecía al margen de los beneficios sociales. Su entrada en vigor supondrá un alivio para miles de jóvenes cualificados ahora acostumbrados a encadenar un contrato en prácticas tras otro, sin que ello compute a efectos de su pensión y sin otra opción que aceptar o irse al paro. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, cifró en «alrededor de 30.000» los potenciales beneficiarios.

El decreto establece que los participantes en programas de formación vinculados a estudios universitarios o de FP financiados, que incluyan prácticas remuneradas, serán asimilados a los trabajadores por cuenta ajena e incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social (RGSS). Para ello, deberán acreditar su condición de becarios mediante certificación expedida por los organismos o empresas financiadores. En el caso de cofinanciación, será el pagador directo de la contraprestación quien estará obligado a dar de alta.

Valeriano Gómez explicó que la obligación de cotizar por el personal en prácticas supondrá para las empresas un coste de unos 42 euros mensuales. Para el becario, será de unos 6 euros al mes. Quienes ahora son becarios se incorporarán al RGSS en el momento de entrada en vigor del decreto ley. Para ello, sus empleadores deberán solicitar su inscripción y la apertura del código de cuenta de cotización. La afiliación se extenderá desde la fecha de inicio de la actividad hasta el cese. Dar de alta a estas personas generará unos ingresos adicionales para la Seguridad Social que Gómez cifró en 18 millones de euros al año.

Gómez confió en que esta obligación de cotizar por los becarios impulsará su contratación porque «acercará los costes» que acarrea al empleador contar con una persona en plantilla o en prácticas. El Ejecutivo aspira por ello a evitar que las empresas «abusen» de la incorporación de becarios para sustituir a personas que, por las tareas que desempeñan, deberían tener una relación estrictamente laboral.

Antiguos becarios

Los participantes en programas de formación con anterioridad a la entrada en vigor del decreto podrán solicitar hasta el 31 de diciembre de 2012 la suscripción de un convenio especial, que permitirá computar -previo pago- a efectos de la pensión los períodos que fue becario en España o el extranjero hasta un máximo de dos años. La base de esa cotización será la mínima vigente en el RGSS en el período que corresponda. El importe total de la cotización -unos 150 euros por mes rescatado, según Valeriano Gómez- se podrá abonar en un pago único o de forma fraccionada.

Previamente, el interesado tendrá que acreditar la duración de los programas mediante certificado de la empresa financiadora. Si el antiguo empleador ya no existiera o se negara a darle la documentación, el antiguo becario podrá presentar un justificante que facultará al Ministerio de Hacienda a investigar su caso y, si procediera, a exigir a la empresa u organismo su colaboración con la fuerza de la ley. El ministro de Trabajo estimó que podría haber unos 150.000 potenciales suscriptores de estos convenios, que aportarían a las arcas públicas unos ingresos adicionales de 120 millones de euros.